Atención: será más fácil obtener la ciudadanía española para descendientes de estos apellidos
El Gobierno de España implementó un procedimiento que facilita la obtención de la ciudadanía a descendientes de españoles que porten ciertos apellidos en su árbol genealógico. Esta medida, enmarcada en la Ley de Memoria Democrática, ha generado un notable incremento en las solicitudes desde América Latina.
La normativa, sancionada en 2022, busca reparar el desarraigo de miles de familias que emigraron durante el franquismo, la Guerra Civil o por motivos económicos y reconoce el derecho de hijos y nietos de españoles a recuperar la nacionalidad de sus antepasados, siempre que puedan acreditar el vínculo genealógico correspondiente.
Uno de los aspectos que más interés ha generado es la circulación de listas de apellidos considerados como indicativos de posible descendencia directa. Aunque no se trata de un requisito excluyente, estos apellidos —comunes en diferentes regiones de España— pueden facilitar la reconstrucción de la línea familiar, sobre todo si se acompañan de documentación fehaciente.
Entre los apellidos más frecuentes se encuentran García, Fernández, Rodríguez, Pérez, López, Sánchez, Martín, Gómez, Jiménez y Díaz. También figuran otros con fuerte arraigo regional como Ibarra, Echeverría, Aramburu (de origen vasco), Cabrera, Domínguez, Romero (comunes en Andalucía), y Alonso, Suárez o Prieto, habituales en el norte del país.
Desde la Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados en España (FAER) indicaron que, si bien contar con uno de estos apellidos no garantiza la concesión de la nacionalidad, puede ser una ventaja significativa. "En los consulados solemos ver casos en los que los apellidos coinciden con los de antiguos migrantes españoles, lo que permite abrir una línea de investigación más clara y directa", señalaron desde la organización.
Cómo iniciar el trámite
Los interesados en iniciar el trámite deben acudir al consulado español correspondiente a su país de residencia. Allí se solicita una serie de documentos que acrediten la relación directa con el ciudadano español de origen, como partidas de nacimiento, certificados de empadronamiento o pasaportes antiguos. En caso de que los ascendientes hayan fallecido, se puede recurrir a registros civiles o archivos históricos.
La Ley de Memoria Democrática establece un plazo de aplicación de dos años desde su entrada en vigencia, aunque se baraja la posibilidad de una prórroga. Desde el Ministerio de Justicia recomiendan iniciar el proceso cuanto antes para evitar demoras y asegurar el acceso al derecho.
Con esta medida, España busca no solo saldar una deuda histórica con los descendientes de su diáspora, sino también reforzar los lazos culturales con América Latina, donde millones de personas mantienen viva la memoria de sus raíces hispanas.