Causa Techo Digno: otro intendente y un empresario del Alto Valle irán a juicio por corrupción
La megacausa Techo Digno —que investiga el uso irregular de fondos nacionales para la construcción de viviendas sociales en distintos municipios rionegrinos— incorporó nuevos acusados.
Tras la audiencia de control de acusación realizada en los Tribunales de Cipolletti, la jueza María Florencia Caruso resolvió elevar a juicio el expediente contra el exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, y el empresario Néstor Sarasola, vinculado a las contrataciones del programa habitacional.
Con esta decisión, Reggioni se convierte en el tercer intendente de Río Negro que enfrentará un proceso oral en esta megacausa, junto con Aníbal Tortoriello (Cipolletti) y Abel Baratti (también Cipolletti).
Los hechos investigados y los sobrepagos detectados
La causa Techo Digno engloba una serie de maniobras detectadas entre 2014 y 2016 en la ejecución de programas de vivienda financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. Según la Fiscalía, los municipios involucrados destinaron montos superiores a los certificados de obra, generando sobrepagos millonarios y desvíos de fondos públicos.
En el caso de Cipolletti, se determinó que entre junio y diciembre de 2015 el municipio abonó $77.395.651, cuando el monto correcto era apenas superior a $60 millones, lo que representa un sobrepago de $16.551.411.
Durante la gestión de Tortoriello, los pagos ascendieron a $63.673.939, superando en más de $21,9 millones lo previsto en el convenio original.
Además, los informes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPPV) confirmaron que los avances reales de las obras eran muy inferiores a los certificados, lo que evidencia certificaciones falsas y pagos injustificados.
“Las mediciones del IPPV reflejaron que las certificaciones previas no coincidían con lo efectivamente construido”, detalló la acusación fiscal.
La situación judicial de Juan Reggioni
El exintendente Juan Reggioni afrontará un nuevo juicio mientras acumula dos condenas previas por delitos de corrupción.
En junio de este año, fue sentenciado a dos años y medio de prisión en suspenso por irregularidades en obras de viviendas, pena que fue unificada con otra anterior, resultando en una condena única de tres años condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Su primera condena, dictada en 2019, lo halló culpable —junto a su pareja, su hijo y una funcionaria municipal— del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, con una pena de un año y medio en suspenso y prohibición de por vida para ocupar cargos estatales.
El empresario Néstor Sarasola fue imputado por su participación en las contrataciones y certificaciones vinculadas a las obras del plan de viviendas.
El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna había impulsado un acuerdo de reparación económica, similar al aplicado en los casos de Bariloche y Sierra Grande, pero Sarasola rechazó la propuesta, lo que derivó en la elevación de la causa a juicio oral.
“El rechazo del acuerdo obligó a avanzar hacia el debate oral, donde se analizarán los contratos, pagos y movimientos bancarios”, señalaron fuentes judiciales.
Desvíos millonarios y nuevas audiencias en agenda
El expediente principal detalla que fondos nacionales destinados a viviendas fueron desviados hacia otras cuentas municipales, sin autorización del programa Techo Digno. Estos movimientos podrían configurar los delitos de administración fraudulenta y peculado, en perjuicio de la administración pública.
En paralelo, la semana próxima comenzará el juicio al exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, el primero en enfrentar esta instancia. Para marzo de 2026, está previsto otro proceso contra María Eugenia Martini, también exjefa comunal barilochense.