Caso planes sociales: buscan recuperar fondos públicos en Neuquén
El próximo 25 de noviembre comenzará la segunda etapa del juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén, donde once personas fueron declaradas culpables, entre ellas exfuncionarios provinciales.
En esta nueva instancia la Fiscalía de Delitos Económicos solicitará penas de prisión efectiva y el decomiso de bienes presuntamente adquiridos con fondos públicos. Sin embargo, las defensas ya anticiparon que se opondrán a estas medidas, lo que anticipa un debate judicial intenso. El equipo fiscal, integrado por Pablo Vignaroli y Juan Narváez, junto con Gustavo Kohon en representación de la Fiscalía de Estado, presentará 31 testigos y dos peritos contables. Entre las pruebas, se incorporará un expediente de 2016 que menciona al fallecido dirigente piquetero Héctor “Zapallito” Molina e Isabel Montoya, además del testimonio del vendedor del lote adquirido por Montoya en un barrio privado. La defensa, en tanto, presentará sus objeciones en una audiencia previa prevista para el 14 de noviembre.
Entre los testigos que propondrá la fiscalía figuran funcionarios y especialistas clave: el presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Pablo Dirr; el juez electoral, Jorge Sepúlveda; el abogado de la Fiscalía de Estado, Ismael Bras; y las contadoras Agustina Martínez y Melisa Benítez, autoras de la pericia contable que será determinante en esta fase. También se sumará un legajo del año 2019, vinculado al abogado Alfredo Cury, quien ahora se defiende a sí mismo y a Ricardo Soiza, uno de los principales condenados.
En el juicio de responsabilidad anterior, los magistrados declararon culpables de administración fraudulenta agravada a Orlando Abel Di Luca, Ricardo Soiza, Tomás Siegenthaler, Néstor Pablo Sanz, Luis María Gallo, Laura Reznik Mastronardi y Julieta Oviedo. Además, fueron hallados partícipes primarios del mismo delito Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emmanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury. Todos ellos enfrentarán ahora la definición de sus penas.
No obstante, el tribunal integrado por los jueces Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita aclaró en el fallo anterior que la fiscalía no logró probar que los acusados hayan sido beneficiarios directos del dinero desviado. En ese sentido, los magistrados advirtieron que el decomiso de bienes requiere demostrar un enriquecimiento ilícito concreto, lo que hasta ahora no ha sido acreditado. Esta controversia será el eje central de la nueva etapa del proceso judicial, que buscará establecer si corresponde o no recuperar los fondos presuntamente defraudados.