La banca en riesgo: claves del proceso que podría dejar afuera a Villaverde del Senado
La aspiración de Lorena Villaverde para ingresar al Senado atraviesa su primera prueba decisiva, luego de que el PJ de Río Negro presentara una impugnación que cuestiona su “idoneidad moral, ética y constitucional” para asumir. La situación se tensó aún más el lunes por la noche, cuando una vecina de Las Grutas —abogada de profesión— también impulsó una segunda impugnación contra la dirigente de La Libertad Avanza.
Villaverde resultó la segunda candidata más votada para el Senado en las elecciones del 26 de octubre, detrás de Martín Soria, en una contienda donde su espacio político sí logró imponerse en la categoría Diputados. Sin embargo, la carga de sus supuestos vínculos con Fred Machado —empresario extraditado a Estados Unidos por una causa de narcotráfico— y una investigación abierta en suelo norteamericano volvieron a poner su futuro legislativo en duda.
El pliego será analizado este miércoles por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que evaluará si las impugnaciones presentadas cuentan con argumentos suficientes para impedirle la jura. La comisión está compuesta por 19 integrantes, de los cuales ocho pertenecen al peronismo, bloque que ya adelantó su rechazo y se encuentra a solo dos votos de alcanzar un dictamen adverso para la dirigente rionegrina.
La situación se volvió aún más compleja después de que uno de los integrantes de la comisión, el senador radical Pablo Blanco, adelantara públicamente que no otorgará su visto bueno al diploma de Villaverde. Con esta posición, el escenario de rechazo gana fuerza política y aritmética dentro del cuerpo legislativo.
La impugnación presentada por el PJ rionegrino sostiene que Villaverde acumula antecedentes en diferentes fueros, tanto del país como del exterior, y recuerda los pedidos de expulsión que ya se habían impulsado durante la campaña, cuando estalló el caso Machado. Para ese espacio político, el conjunto de esa información “afecta valores republicanos y compromete la idoneidad constitucional exigida para ocupar una banca en el Senado”.
El procedimiento para definir su futuro es claro y se encuentra detallado en el Reglamento del Senado. Tras el escrutinio definitivo, la Justicia Electoral envía los diplomas de las personas electas y, en caso de existir impugnaciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales debe analizarlas y emitir un dictamen no vinculante.
Ese dictamen se vota en la sesión preparatoria, prevista para fines de noviembre. Si el diploma es aprobado, la persona jura en el cargo; si es rechazado, la Cámara comunica la decisión al Poder Ejecutivo y a la provincia correspondiente.