Robo de planes sociales: un delito que exige condenas a la altura del daño causado

El robo de los planes sociales perpetrado entre 2020 y 2022 por ex funcionarios del entonces gobernador, Omar Gutiérrez, constituye uno de los hechos más graves de corrupción registrados en la provincia de Neuquén en los últimos años. No se trató únicamente de un desfalco económico al Estado, sino de un ataque directo a las familias vulnerables, a las que se les arrebató una ayuda destinada a cubrir necesidades básicas en contextos de extrema dificultad.

Desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, en diciembre de 2023, el gobierno provincial impuso una política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de corrupción. Esa decisión se tradujo en el despido de ñoquis, en la expulsión de empleados involucrados en hechos de violencia y en la desvinculación de delincuentes que, durante la gestión de Gutiérrez, continuaron mamando de la teta del Estado sin consecuencias.

La causa de los planes sociales expuso cómo ex funcionarios, amparados en situaciones de privilegio, se organizaron para robar fondos públicos. El dinero que debía llegar a familias de escasos recursos fue desviado mediante una operatoria coordinada, con roles definidos y mecanismos diseñados para apropiarse de los recursos sin dejar rastros inmediatos.

Para amplios sectores de la sociedad, ese accionar encuadra claramente en una asociación ilícita. Sin embargo, los jueces que dictaron sentencia no lo entendieron así y optaron por condenar a los responsables por administración fraudulenta agravada, una figura que contempla penas menores frente a la gravedad de los hechos.

El resultado dejó un sabor amargo. Las condenas conocidas, con un techo de cinco años de prisión para los principales responsables, parecen insuficientes frente a un delito que no sólo vació las arcas provinciales, sino que agravó la situación de quienes menos tienen. Esa brecha entre el daño causado y el castigo impuesto alimenta la necesidad de un castigo justo.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado presentaron apelaciones con el objetivo de que se revise la calificación legal y se apliquen condenas más severas. La expectativa es que se reconozca la existencia de una organización delictiva y que eso se traduzca en más años de cárcel para los ex funcionarios involucrados.

La sociedad neuquina observa con atención el desenlace de este proceso. Con un Ejecutivo que avanza sin concesiones en la depuración del Estado, la demanda ahora es que la Justicia acompañe ese camino y esté a la altura del momento histórico, para que el robo de los planes sociales no quede impune ni minimizado, y para que nunca más se repita un despojo semejante.