Fallo histórico: responsabilizan al Estado por un femicidio cometido por un agente policial

La provincia de Río Negro fue condenada a pagar una indemnización millonaria por un femicidio cometido por un agente policial, ocurrido hace 11 años en Dina Huapi. La decisión judicial consideró responsable al Estado provincial por el uso del arma reglamentaria que el efectivo estaba obligado a portar, incluso fuera de servicio.

El fallo fue dictado en junio pasado por el juez en lo contencioso administrativo Iván Sosa Lukman y confirmado esta semana por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche, que rechazó el recurso presentado por la provincia. Si bien la resolución aún no quedó firme, desde la Fiscalía de Estado indicaron que evalúan los pasos a seguir y la posibilidad de recurrir al Superior Tribunal de Justicia.

El crimen que derivó en la condena

La demanda por daños y perjuicios fue presentada por tres hermanos, hijos de la víctima. Dos de ellos se encontraban en la vivienda de avenida del Vado 218, la madrugada del 20 de noviembre de 2014, cuando escucharon una discusión entre su madre y el policía con quien convivía desde hacía pocos meses.

Según consta en el expediente, tras oír gritos y una detonación, los jóvenes saltaron por una ventana para pedir ayuda a un vecino. Instantes después se escucharon nuevos disparos. Al llegar la Policía, los efectivos encontraron ambos cuerpos sin vida. Las pericias confirmaron luego que se trató de un femicidio seguido de suicidio, cometido con el arma reglamentaria del agente.

Por qué la Justicia responsabilizó al Estado

Al hacer lugar a la demanda, el juez de primera instancia sostuvo que “el Estado debe responder por el crimen cometido por un dependiente” que, aprovechando los beneficios de su condición policial —portación de arma y capacitación—, vulneró de manera extrema los derechos humanos.

El análisis judicial se centró en el concepto de “estado policial”, que impone al personal la portación permanente del arma, aun cuando se encuentre fuera de servicio. En ese sentido, el magistrado señaló que la licencia o franco del agente no eximía al Estado de responsabilidad.

La sentencia condenó a la provincia a pagar 38,8 millones de pesos, más intereses acumulados desde la fecha del hecho, en concepto de daño patrimonial y extrapatrimonial.

La postura de la provincia y el rechazo en segunda instancia

En su apelación, el Estado provincial sostuvo que el fallo era “arbitrario y violatorio de la ley”, al entender que el policía no estaba en acto de servicio y que el crimen ocurrió en el ámbito privado. Argumentó además que el agente no tenía justificación para usar el arma, ya que no estaba cumpliendo funciones.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones rechazó esos argumentos por unanimidad. Los jueces Federico Corsiglia, Marcela Pájaro y Emilio Riat afirmaron que la obligación de portar de manera permanente una pistola 9 milímetros es suficiente para responsabilizar a la provincia, independientemente del uso indebido que haya hecho el agente.

El tribunal remarcó que esa obligación exige al Estado evaluar de manera permanente la condición psicológica del personal, y garantizar que los efectivos estén capacitados para gestionar situaciones de conflicto, estrés o enojo, teniendo en cuenta que portan un instrumento de alto riesgo.

Violencia de género y deber de prevención

Si bien el fallo reconoció que no existían denuncias previas por violencia de género, también señaló que había indicadores de comportamientos irregulares por parte del femicida. En ese marco, los jueces subrayaron que si el Estado provee un arma, debe asumir los riesgos que esa peligrosidad implica.

La sentencia también hizo referencia a los tratados internacionales con jerarquía constitucional firmados por la Argentina, que obligan a proteger los derechos humanos y, en particular, los de las mujeres. En ese sentido, se destacó la necesidad de reforzar la formación en perspectiva de género dentro de las fuerzas de seguridad.