CAUSA PLANES
Tolerancia cero: exoneraron a exfuncionarios condenados por desvío de fondos públicos
El gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que dispuso la exoneración definitiva de tres exfuncionarios provinciales que habían sido condenados por administración fraudulenta agravada, en el marco de la denominada Megacausa de los Planes Sociales.
La decisión se inscribe en la política de tolerancia cero frente a la corrupción que impulsa el Ejecutivo provincial desde el inicio de la gestión y formaliza la expulsión de la Administración Pública de quienes ya contaban con una condena penal firme.
La medida alcanza a Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sanz, quienes se desempeñaban en áreas sensibles de la Subsecretaría de Trabajo y la Subsecretaría General. Según se acreditó tanto en sede judicial como administrativa, los exagentes integraron un esquema sistemático de desvío de fondos públicos destinados a planes sociales entre los años 2020 y 2022.
Si bien los involucrados se encontraban suspendidos sin goce de haberes desde 2023, el decreto del Ejecutivo provincial terminó de regularizar su situación administrativa, aplicando la sanción más grave prevista por el régimen de empleo público de la provincia.
En el marco de los sumarios administrativos, se comprobó que los exfuncionarios incurrieron en faltas graves, violando las obligaciones y prohibiciones establecidas en los Convenios Colectivos de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil, con conductas incompatibles con la función pública y una afectación directa al principio de confianza que debe regir la administración estatal.
La causa judicial concluyó en diciembre de 2025, cuando un Tribunal Oral integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla dictó sentencia y declaró penalmente responsables a 12 exfuncionarios por delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado.
Durante el proceso se acreditó un perjuicio económico superior a los 153 millones de pesos, producto de maniobras que incluyeron el uso indebido de tarjetas de débito, la emisión irregular de cheques y la elaboración de listados paralelos de beneficiarios, con el objetivo de simular la legalidad en la asignación de los subsidios.
El decreto también dejó asentada la responsabilidad administrativa de Emanuel Victoria Contreras, quien había presentado su renuncia en 2024. En su caso no se aplicó sanción disciplinaria.
De esta manera, el Gobierno provincial ratificó su decisión de no permitir la permanencia en el Estado de agentes que cuenten con condenas penales firmes o estén involucrados en hechos de corrupción.