Un capricho sindical dejó a la Justicia en emergencia

La declaración de emergencia en el Poder Judicial neuquino no es un hecho menor ni una sobrerreacción institucional: es la consecuencia directa de un conflicto que se desbordó. La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de activar un protocolo excepcional deja en evidencia que se ha cruzado un límite. Cuando el servicio de justicia -uno de los pilares del Estado- se ve comprometido, ya no se trata de una disputa sectorial, sino de un problema que afecta a toda la sociedad.

El conflicto impulsado por la conducción del gremio SEJUN no responde a una demanda legítima insatisfecha, sino a una estrategia caprichosa e infundada. Así lo demuestra el rechazo a una propuesta salarial que no sólo iguala el esquema del resto de la administración pública, sino que además incluye beneficios adicionales significativos. La tensión, en este contexto, parece más orientada a la confrontación que a la búsqueda de soluciones.

Los números son elocuentes. Los trabajadores judiciales neuquinos cuentan con salarios que se ubican entre los mejores del país, con actualización automática atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). A ello se suman dos bonos extraordinarios de 400.000 pesos, una asignación adicional en cuotas ajustadas por inflación, ayuda escolar extraordinaria y un monto de 350.000 pesos destinado a capacitación. Un paquete (una oferta aún vigente) que, en cualquier otro sector, sería considerado más que razonable.

Pero los beneficios no terminan allí. El régimen laboral de los judiciales incluye condiciones diferenciales como la feria de enero completa y la mitad de julio, lo que implica períodos de descanso que no existen en la mayoría de las actividades. Este conjunto de ventajas, lejos de ser marginal, configura un escenario privilegiado que contrasta fuertemente con la realidad de miles de trabajadores neuquinos.

En ese marco, la reacción de la sociedad no se hizo esperar. El rechazo a las medidas de fuerza crece a medida que se profundiza el conflicto, porque resulta evidente que no se trata de una lucha por derechos vulnerados, sino de protestas por la protesta misma. Cuando quienes están entre los mejores pagos y más protegidos del sistema paralizan un servicio esencial, la empatía social se diluye rápidamente.

La declaración de emergencia no hace más que confirmar lo que ya era evidente: se ha cruzado una línea peligrosa. Cuando un gremio prioriza la confrontación por sobre el funcionamiento de la justicia, el costo lo paga toda la comunidad. Y en este caso, no hay ambigüedades posibles: un capricho sindical dejó a la justicia en emergencia.