Las encuestas muestran números contrarios a Adorni y al gobierno nacional

Un informe de la consultora Zuban Córdoba, analizado en AM Cumbre 1400,  encendió señales de alerta dentro del escenario político nacional: la imagen del vocero presidencial, Manuel Adorni, muestra una caída pronunciada en medio de la polémica conocida como “Adornigate”.

El estudio, realizado sobre 1200 casos a nivel nacional, refleja un deterioro significativo en la percepción pública del funcionario. Según explicó el analista Facundo Londero, en diálogo con el periodista Fernando Sotomayor en el programa La Antesala, la imagen positiva de Adorni pasó de niveles cercanos al 42% a apenas un 22% en las últimas semanas, en paralelo a un fuerte crecimiento de la imagen negativa.

El informe vincula este retroceso no solo con el escándalo en sí, sino también con la forma en que fue abordado públicamente. Solo un 15% de los encuestados consideró que las explicaciones brindadas fueron claras y transparentes, mientras que cerca del 70% opinó que se intentó ganar tiempo o evitar respuestas de fondo.

Además, el relevamiento pone en evidencia un desgaste más amplio que alcanza al gobierno nacional. Factores como la situación económica, la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre laboral aparecen como elementos centrales en la caída de la valoración pública.

En ese contexto, uno de los datos más contundentes es que alrededor del 70% de los encuestados considera que Adorni debería renunciar a su cargo. El respaldo se mantiene únicamente en el núcleo más duro del oficialismo, que hoy se ubica cerca del 28%, lejos del 42% que supo alcanzar meses atrás.

El "voto prestado"

El estudio también advierte sobre el comportamiento del denominado “voto prestado”, clave en el crecimiento de La Libertad Avanza. Se trata de electores provenientes de otros espacios políticos que acompañaron al oficialismo en busca de un cambio, pero que ahora muestran signos de desencanto frente a situaciones que perciben como contradictorias con las promesas iniciales.

Por último, la encuesta plantea un escenario hipotético sobre cómo debería haberse manejado la crisis: un 33% cree que Adorni debió presentar documentación que respaldara sus declaraciones, mientras que un 17% opina que debería haber dado un paso al costado. Solo una minoría avala la estrategia adoptada.

De cara a un calendario electoral que comienza a tomar forma, el caso se instala como un factor de tensión dentro del Gobierno y como un termómetro del humor social, en un contexto atravesado por la fragilidad económica y la demanda creciente de transparencia.