La falta de ética profesional que pone en peligro a los niños

La denuncia penal presentada por la Fundación Más Vida contra las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín vuelve a colocar en el centro de la escena un debate tan incómodo como urgente: cuando los fanatismos y las doctrinas de época se imponen por sobre la prudencia profesional, el costo puede ser irreparable. El caso de Ángel López, el niño de apenas cuatro años que fue enviado a convivir con su madre, Mariela Altamirano, pese a antecedentes de violencia, y que terminó muerto a golpes, no admite lecturas livianas ni simplificaciones. Lo que está en juego es la responsabilidad de quienes intervienen en decisiones que afectan directamente la vida de los más vulnerables.

Según la presentación judicial, las profesionales habrían incurrido en violación de los deberes de funcionario público y falso testimonio. Su informe resultó determinante para que el juez ordenara la revinculación del menor con su madre, aun cuando Ángel había expresado con claridad su rechazo. La mujer tenía antecedentes de violencia, pero enviaron al chiquito con ella. También se señala que se habría construido una acusación infundada contra el padre, Luis López. Si estos extremos se comprueban, no se trataría solo de un error técnico, sino de una falla grave en el sistema, donde la objetividad debiera ser innegociable.

El dolor que deja este caso remite inevitablemente a otros antecedentes que estremecieron al país, como el de Lucio Dupuy. Igualmente preocupante es que no estamos frente a episodios aislados. Hay patrones que se repiten: intervenciones profesionales cuestionadas, informes sesgados, decisiones judiciales basadas en evaluaciones que luego se ponen en duda. Cuando esto ocurre, el sistema deja de proteger y pasa, involuntariamente, a exponer.

Neuquén no permanece ajena a este flagelo. En el Alto Valle, el Colegio de Psicólogos Zona Oeste suspendió y canceló la matrícula del licenciado Claudio Marcelo Marín, de Cipolletti, tras comprobarse que intentó influir en un niño de cinco años para perjudicar a su padre. La sanción, que incluye la inhabilitación por tres años, se basó en conductas consideradas anti éticas y contrarias a la ley. Se determinó que existió una estrategia deliberada para afectar el vínculo paterno, incluso cuando la Justicia había otorgado la tenencia al padre ante incumplimientos de la madre.

Este tipo de intervenciones, donde se busca instalar una mirada negativa sobre uno de los progenitores, vulnera derechos básicos. La construcción de relatos que no se sostienen en pruebas sólidas, o peor aún, que se alejan de la verdad, transforma a los menores en instrumentos de disputas que deberían resolverse con responsabilidad y equilibrio. Allí es donde la preocupación se vuelve estructural.

A nivel nacional, otro caso reciente refuerza esta inquietud. En Rosario, un grupo de abogados y padres denunció a tres psicólogas -identificadas como P.B., N.A. y G.R.S.- por presuntamente haber inventado denuncias de abuso sexual inexistentes con el objetivo de desvincular a los hijos de sus padres. La gravedad institucional de este tipo de acusaciones es enorme: no solo se daña a los adultos involucrados, sino que se somete a los niños a procesos traumáticos.

Frente a este escenario, la reflexión debe ser profunda y despojada de intereses sectoriales y mezquindades de género, que pueden derivar en nuevas injusticias. Cuando las doctrinas desplazan al criterio profesional, y cuando la arbitrariedad reemplaza a la prueba, el riesgo es que quienes debían ser protegidos -los niños- terminen siendo las principales víctimas. Y ese es un precio que ninguna sociedad debería estar dispuesta a pagar.