Fuerte advertencia por el ajuste del Gobierno en programas contra consumos problemáticos

El aumento de los consumos problemáticos y el impacto del ajuste en las políticas públicas fueron los ejes centrales de la primera reunión de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados, donde especialistas y referentes territoriales trazaron un diagnóstico preocupante sobre la situación en el país.

El encuentro, presidido por Victoria Tolosa Paz, reunió a representantes de comunidades terapéuticas, organizaciones sociales, instituciones especializadas y funcionarios judiciales, quienes coincidieron en señalar un deterioro en las condiciones de abordaje y un aumento sostenido de la demanda en los barrios.

Durante la jornada, se puso el foco en la necesidad de avanzar en políticas integrales que contemplen prevención, tratamiento y acompañamiento, en un contexto de recorte en el financiamiento estatal.

“No hay política seria en materia de adicciones sin inversión pública, sin articulación con las organizaciones y sin una mirada integral que cuide a nuestra gente”, afirmó Tolosa Paz, al cuestionar el desfinanciamiento de programas clave.

En la misma línea, la diputada advirtió que la situación en los territorios se agrava mientras el debate político no logra traducirse en medidas concretas. “No podemos seguir discutiendo políticas en abstracto mientras la realidad en los barrios se agrava”, sostuvo.

Entre las prioridades planteadas para este año, se destacó la necesidad de un presupuesto adecuado, el impulso de una ley específica para niñeces con consumos problemáticos y el desarrollo de campañas de prevención, además de estrategias diferenciadas para abordar el consumo en mujeres con hijos.

A su vez, referentes con trabajo territorial señalaron la ausencia de campañas oficiales de concientización y alertaron sobre la creciente vulnerabilidad social, que profundiza el problema y dificulta su abordaje.

El debate también incluyó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado, las instituciones educativas y las organizaciones comunitarias, así como avanzar en una actualización del marco normativo en materia de salud mental.