El Gobierno debe pagarle más de 2,5 billones a las universidades y dice que “vuelve el déficit fiscal”

El Gobierno nacional debe cumplir el fallo judicial que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo costo estimado asciende a $2,5 billones. La decisión judicial obliga a actualizar salarios docentes, no docentes y partidas de becas desde el año 2023.

Desde la Casa Rosada confirmaron que presentarán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Impacto fiscal

Según estimaciones oficiales, cumplir con la normativa implicaría un desembolso cercano a los $2,5 billones, una cifra que el Gobierno asegura no poder afrontar en el corto plazo.

En ese contexto, desde el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, analizan alternativas para conseguir financiamiento o aplicar los pagos de manera escalonada. Ya que el Gobierno asume que la obligación judicial podría poner en riesgo el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

Vuelta a la Justicia

El Gobierno avanzará con un recurso extraordinario ante la Corte, luego de que la ley fuera ratificada tanto en primera instancia como en la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

Pese a esta estrategia, en la Casa Rosada admiten que es difícil que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo que frene el cumplimiento del fallo.

El reclamo de universidades

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. A esto se suma el retraso salarial frente a la inflación, lo que intensificó el reclamo de rectores, docentes y estudiantes.

La Universidad Pública en Argentina, nuclea a más de 2 millones de estudiantes cursan estudios de pregrado, grado y posgrado, lo que representa aproximadamente el 80% del total de la matrícula universitaria del país. Según datos recientes, el sistema estatal concentra más de 2.030.000 alumnos en más de 60 instituciones públicas.