Por no pagar la cuota alimentaria, le prohíben salir del país y le retienen la licencia de conducir

La Unidad Procesal de Familia de San Carlos de Bariloche resolvió prohibir la salida del país y retener la licencia de conducir a un hombre que mantiene una deuda alimentaria superior a los siete millones de pesos. La medida se dictó en el marco de una ejecución iniciada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con sus hijos.

La resolución judicial incluyó además una serie de disposiciones orientadas a localizar activos del deudor. En ese sentido, la jueza ordenó librar oficios a plataformas de pago digital como Mercado Pago, Ualá y Naranja X, con el objetivo de identificar cuentas, saldos y eventuales fondos embargables.

Según surge del expediente, la deuda se acumuló con el paso del tiempo sin que el progenitor cumpliera con los pagos establecidos. Frente a esa situación, la Justicia avanzó con medidas de coerción para asegurar resultados concretos en la ejecución del crédito alimentario.

En paralelo, la magistrada advirtió a la empleadora del demandado por no haber respondido a los requerimientos judiciales vinculados a retenciones salariales y posibles embargos. Ante esa omisión, se reiteró el pedido de informes, se fijó un plazo de cinco días para su cumplimiento y se dispuso la aplicación de una multa diaria en caso de incumplimiento.

La resolución también ordenó consultar al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el hombre participa o participó en procesos sucesorios. En caso de detectarse derechos hereditarios, la Justicia podrá avanzar sobre esos bienes como parte de la ejecución.

Asimismo, se dispuso comunicar la prohibición de salida a los organismos de control fronterizo y bloquear la emisión o renovación de la licencia de conducir hasta que se regularice la deuda.

Las medidas adoptadas se encuadran dentro de las facultades de los juzgados de familia para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias. Este tipo de resoluciones incorpora herramientas orientadas a identificar recursos económicos disponibles y asegurar que las obligaciones parentales se efectivicen.