Cambios en la Ley de Glaciares: ya rige la nueva normativa en todo el país

El Gobierno nacional formalizó la promulgación de la nueva Ley de Glaciares, una norma que introduce modificaciones de fondo en el esquema de protección de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de agua. La medida fue oficializada a través del Decreto 271/2026, con la firma del presidente Javier Milei, y ya se encuentra vigente en todo el país.

La reforma, aprobada por el Congreso el pasado 8 de abril, marca un cambio central en el modelo de regulación: las provincias pasan a tener un rol decisivo en la definición de qué glaciares y áreas periglaciares estarán protegidos.

Más poder para las provincias en el control

Uno de los puntos clave de la normativa es la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales. A partir de ahora, cada provincia podrá establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué zonas cumplen funciones hídricas y deben ser resguardadas.

Este cambio implica que áreas que no sean incluidas bajo esos parámetros locales podrían quedar fuera de la protección específica de la ley, aunque continúen bajo el alcance de otras normativas ambientales vigentes.

Además, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) pasará a cumplir un rol principalmente registral, dejando de tener el peso central en la determinación de las áreas protegidas.

Evaluaciones caso por caso y nuevo enfoque

La reforma también introduce modificaciones en el sistema de control ambiental. Se abandona el esquema de prohibiciones generales y se avanza hacia un modelo en el que cada actividad deberá ser evaluada de manera individual mediante estudios de impacto ambiental, bajo la órbita provincial.

En este contexto, el principio precautorio seguirá vigente: todos los glaciares incluidos en el Inventario Nacional estarán protegidos inicialmente. Sin embargo, si una provincia determina que un área no cumple funciones hídricas específicas, podrá dejar de estar alcanzada por esta ley.

El nuevo marco establece una protección más flexible, donde las decisiones se ajustarán a criterios técnicos definidos en cada territorio, lo que introduce un esquema condicional y revisable en lugar del modelo previo de resguardo estructural.