Formularon cargos al intendente de Plottier, Luis Bertolini

La Justicia de Neuquén tuvo por formulados los cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y contra la subsecretaria de Hacienda municipal, Gladys Ramírez, en una causa en la que se investiga un presunto sistema de direccionamiento de contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores.

La acusación fue realizada por la unidad fiscal de Delitos Económicos durante una audiencia que se desarrolló en dos jornadas. La jueza de garantías Carina Álvarez consideró que, en esta instancia inicial del proceso, los hechos descriptos por la fiscalía tienen entidad suficiente para habilitar el avance de la investigación penal preparatoria.

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público Fiscal, entre enero de 2024 y marzo de 2026 los funcionarios municipales habrían intervenido en los procesos de contratación del municipio con el objetivo de favorecer de manera sistemática a dos proveedores, identificados como P.V. y M.L.

Según planteó el fiscal jefe Pablo Vignaroli, la maniobra consistía en asegurar la participación de esos proveedores en distintas convocatorias, sin importar el rubro, y luego direccionar las adjudicaciones mediante procedimientos irregulares. En ese período, la fiscalía contabilizó al menos 160 contratos por un monto superior a los $2.300 millones.

Los contratos bajo investigación

La acusación sostuvo que el circuito comenzaba con pedidos de distintas áreas municipales, que luego eran canalizados por la subsecretaría de Hacienda. A partir de esa intervención, el área de Compras invitaba de manera reiterada a cotizar a los mismos proveedores, quienes terminaban adjudicados en la mayoría de los casos.

El Ministerio Público Fiscal señaló que en los expedientes analizados se detectaron contrataciones sin competencia real, ofertas únicas, desestimaciones consideradas arbitrarias de otros oferentes, falta de publicidad de los procesos y adjudicaciones sin fundamentos suficientes.

También se investigan contrataciones directas sin acreditación de situaciones de urgencia, incumplimiento de requisitos mínimos de oferentes y pagos realizados sin constancias de recepción de bienes o servicios.

Para la fiscalía, Bertolini y Ramírez tuvieron intervención directa en las decisiones administrativas y en el control del circuito de contratación, mientras que los proveedores habrían canalizado las adjudicaciones y el flujo económico derivado de esas operaciones.

Los hechos fueron calificados de manera provisoria como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. Bertolini y Ramírez fueron imputados como coautores, mientras que P.V. y M.L. fueron acusados como partícipes necesarios, según los artículos 265 y 45 del Código Penal.

La causa fue declarada compleja

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la investigación sea declarada como caso complejo. El pedido fue formulado por la cantidad de hechos investigados, el volumen de documentación y la posible existencia de una maniobra vinculada a criminalidad económica organizada.

La jueza Álvarez hizo lugar al planteo y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

Desde la fiscalía indicaron que aún restan medidas de prueba. Entre ellas, el análisis de dispositivos secuestrados, la revisión completa de expedientes administrativos, entrevistas a agentes municipales que participaron en los procesos de contratación y la obtención de información bancaria.

Esa documentación será evaluada por un equipo técnico contable especializado, según se informó durante la audiencia.

Los planteos de la defensa

Antes de que la jueza resolviera sobre la formulación de cargos, la defensa del intendente intentó apartar de la investigación al fiscal jefe Pablo Vignaroli. Para eso, planteó la inconstitucionalidad parcial del artículo 24 de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, norma que regula el trámite interno de los pedidos de recusación.

La jueza rechazó el planteo por extemporáneo. Señaló que la defensa ya conocía la resolución del fiscal general José Gerez, quien había ratificado la intervención de Vignaroli, y que no la cuestionó dentro del plazo correspondiente.

Álvarez también remarcó que la declaración de inconstitucionalidad es una herramienta excepcional, que las leyes gozan de presunción de validez y que no se acreditó una incompatibilidad manifiesta con la Constitución.

Luego, la defensa pidió la nulidad de los allanamientos y la exclusión de la prueba, al sostener que la autorización judicial carecía de fundamentación. La fiscal del caso, Rocío Rivero, se opuso al planteo y sostuvo que no existía “un agravio concreto”. La Fiscalía de Estado, representada por el abogado Gustavo Kohon, adhirió a ese criterio.

Tras un cuarto intermedio, la jueza también rechazó ese pedido. “Si no hay agravio, la nulidad no puede prosperar”, sostuvo. Además, indicó que al autorizar los allanamientos valoró la totalidad de la información presentada por la fiscalía.

Pedido de cautelares y cuarto intermedio

Luego de aceptar la formulación de cargos, la fiscal Rocío Rivero planteó que en la causa existe “un serio riesgo de entorpecimiento”. En particular, apuntó a la capacidad de influencia de los imputados sobre testigos y a la posibilidad de afectar evidencia vinculada con la investigación.

Por ese motivo, la fiscalía solicitó distintas medidas cautelares, entre ellas inhibiciones generales de bienes y embargos sobre los imputados. En el caso del intendente Bertolini, pidió la detención domiciliaria.

La jueza dispuso un cuarto intermedio hasta este martes al mediodía para comunicar su decisión sobre esas medidas. De manera provisoria, ordenó embargos sobre las cuentas bancarias de P.V. y M.L., los dos proveedores imputados en la causa.