La Justicia evitó apartar a Bertolini: qué dijo la jueza y cómo sigue la causa

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, continuará en libertad y en funciones luego de que la jueza de garantías Carina Álvarez rechazara la prisión domiciliaria solicitada por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa por negociaciones incompatibles con la función pública. La decisión también alcanzó a su secretaria, Gladys Ramírez, y marcó un fuerte posicionamiento judicial sobre el alcance de las medidas cautelares.

Tras dos días de análisis, la magistrada fundamentó su resolución en criterios procesales e institucionales, al considerar que apartar al intendente mediante una medida de esta magnitud sería desproporcionado frente al riesgo planteado por la Fiscalía. En ese sentido, sostuvo que el conflicto debe resolverse por los canales políticos e institucionales, lo que abre la puerta a un eventual juicio político.

Sin domiciliaria y con límites a la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal, representado por Pablo Vignaroli y Rocío Rivero, había solicitado la prisión domiciliaria, la prohibición de ingreso al municipio y restricciones de contacto con testigos. Argumentó que la permanencia de los funcionarios en sus cargos podía entorpecer la investigación, especialmente en el acceso a documentación y en la relación con empleados municipales.

Sin embargo, la jueza entendió que ese riesgo podía ser neutralizado con medidas menos severas. Como única cautelar, dispuso la prohibición de contacto de Bertolini y Ramírez con empleados municipales y testigos identificados, por un plazo de seis meses. Además, Ramírez deberá abstenerse de concurrir al municipio, algo que ya venía cumpliendo desde abril.

En paralelo, también rechazó las medidas patrimoniales solicitadas por la Fiscalía, como el embargo e inhibición de bienes contra empresarios vinculados a la causa, al considerar que no se acreditó el sustento mínimo requerido para avanzar en ese sentido.

El peso institucional del fallo

Uno de los ejes centrales de la resolución fue el impacto institucional. Álvarez remarcó que privar de libertad a un intendente en ejercicio afecta directamente el funcionamiento democrático, al tratarse de un cargo legitimado por el voto popular.

“Ese voto trasciende el interés individual del proceso y alcanza al normal funcionamiento de las instituciones”, sostuvo la jueza, al explicar que una medida como la prisión domiciliaria implicaría desarticular la voluntad del electorado de Plottier.

En la misma línea, cuestionó a la Fiscalía por no haber evaluado previamente alternativas menos gravosas antes de avanzar con el pedido más extremo. “Si hay medidas menos lesivas que debían explorarse y no fueron presentadas, me es imposible imponerlas”, afirmó.

El fallo también dejó críticas indirectas a la estrategia del Ministerio Público, al señalar que no logró acreditar de manera concreta el temor de los empleados ni el riesgo procesal en los términos exigidos por la ley.

La resolución no implica el cierre del expediente. Bertolini y Ramírez continúan imputados y deberán responder ante cualquier requerimiento judicial. La investigación avanza y la Fiscalía podrá solicitar nuevas medidas si cambian las condiciones del proceso.