La Justicia condenó a una familia por someter a una menor a un matrimonio infantil

La Justicia Federal de San Juan condenó a una familia de la comunidad gitana por haber sometido a una adolescente a un matrimonio infantil forzado y a una situación de explotación durante más de tres años. El caso fue investigado como trata de personas agravada y terminó con penas de hasta diez años de prisión para los responsables.

La sentencia alcanzó a un matrimonio y a su hijo, quienes fueron considerados responsables de captar, trasladar y explotar a la joven entre sus 13 y 16 años. Además, el tribunal ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la víctima.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los hechos comenzaron entre marzo y abril de 2022 en Neuquén. Allí, la adolescente fue sometida a una unión forzada con un joven de 20 años, integrante de una familia de la colectividad Romani.

De acuerdo con la acusación, para concretar el matrimonio se entregaron 825 mil pesos a la familia de la menor.

La fiscalía sostuvo que, luego de la unión, la adolescente fue obligada a mantener relaciones sexuales y quedó embarazada. Posteriormente fue trasladada a Santa Fe, donde convivió con el grupo familiar de los acusados.

Explotación y violencia

La investigación determinó que la joven permaneció en un contexto de explotación doméstica, laboral y sexual hasta diciembre de 2024.

Según pudo reconstruirse a partir del testimonio de la víctima, durante ese período sufrió agresiones físicas, amenazas e insultos. También fue obligada a realizar tareas domésticas y venta ambulante, debiendo entregar todo el dinero obtenido a los imputados.

El Ministerio Público Fiscal señaló que los acusados aprovecharon la situación de vulnerabilidad de la adolescente por su edad, género y contexto social. Además, indicaron que la víctima creció en condiciones de pobreza estructural y sin acceso pleno a derechos básicos como educación y salud.

En abril de 2025, la víctima fue localizada en San Juan junto a su hijo. Según la investigación, los condenados intentaron trasladarla nuevamente a Santa Fe para continuar con la situación de sometimiento.

Durante una detención en Caucete, la adolescente intentó escapar con el niño en brazos, aunque fue alcanzada y obligada a subir otra vez al vehículo.

La situación fue advertida por personas que se encontraban en una estación de servicio y dieron aviso al 911. A partir de esa denuncia, la policía sanjuanina interceptó el vehículo y logró rescatar a la joven y a su hijo.

Qué resolvió la Justicia

El Tribunal Oral Federal de San Juan consideró acreditado el delito de trata de personas agravada por tratarse de una menor de edad y por el contexto de violencia y convivencia con los acusados.

Además de las condenas de prisión, el juez ordenó medidas de reparación económica y simbólica, entre ellas la difusión de la sentencia en lenguaje accesible dentro de comunidades gitanas de San Juan y Santa Fe.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que las prácticas culturales no pueden justificar vulneraciones a los derechos humanos fundamentales.

“No puede entenderse como ejercicio de una cultura algo que viole derechos humanos fundamentales”, remarcaron los fiscales durante los alegatos.