JUDICIALES
Fraude en Andacollo: los comerciantes imputados pagarán $137 millones al municipio y evitan el juicio
Dos comerciantes acusados de integrar una maniobra defraudatoria contra el municipio de Andacollo acordaron pagar $137 millones en concepto de reparación del daño y cumplir durante un año con una serie de pautas de comportamiento. El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querellante —la propia Municipalidad de Andacollo— avalaron el pedido, que la jueza de garantías aceptó en audiencia este miércoles.
El mecanismo utilizado es una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), una herramienta alternativa al proceso penal que se aplica cuando los acusados no tienen antecedentes, no son funcionarios públicos y están imputados por delitos que prevén pena condicional. Si incumplen alguna de las pautas, la SJP puede revocarse.
Suspensión de Juicio a Prueba: qué deberán cumplir los imputados
Además del pago de $137 millones a la Municipalidad de Andacollo, K.C.V. y J.C.V. deberán presentarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada, abstenerse del consumo de estupefacientes y del exceso de alcohol, no cometer nuevos delitos, y mantener actualizado su domicilio ante la Justicia. Estas condiciones regirán durante un año.
La causa tuvo su origen en una denuncia del intendente Manuel San Martín. Según la investigación del MPF, los hechos fueron 13 en total y el perjuicio al erario comunal alcanzó los $128 millones. Las maniobras consistieron en la certificación de "horas fantasma" de alquiler de maquinaria vial que el municipio pagó sin que los trabajos se realizaran, y en la disposición ilegítima de áridos de la cantera municipal. Ambos comerciantes eran proveedores del municipio a través de un corralón particular.
La resolución alcanzada este miércoles comprende únicamente a los dos comerciantes. Los ex funcionarios Eduardo Argentino Zenteno —secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes— y Carlos Daniel Leiva —director de Redes—, quienes no pueden acceder a la SJP por su condición de agentes del Estado al momento de los hechos, continúan bajo investigación del fiscal jefe Fernando Fuentes.