Falsa médica: el caso podría pasar a la Justicia Federal

El caso de Mariela Fernanda Marzano, acusada de ejercicio ilegal de la medicina en General Roca durante más de cinco años, podría dejar de tramitarse en la justicia provincial. En la última audiencia, las fiscales Celeste Benatti y Teresa Giuffrida solicitaron formalmente que el expediente pase al fuero federal, argumentando que los delitos involucran documentos públicos nacionales e internacionales falsificados.

Según la acusación, Marzano se desempeñó como médica clínica y terapista en centros de salud públicos y privados de Roca entre agosto de 2020 y marzo de 2026. Para ello habría utilizado una estructura documental que la fiscalía califica de íntegramente apócrifa: un diploma de médica cirujana supuestamente emitido por la Universidad de los Andes (ULA) de Venezuela, resoluciones falsas del Ministerio de Educación de la Nación y hasta una resolución apócrifa firmada bajo el nombre de la rectora de la Universidad Nacional del Comahue.

Títulos falsos, universidades que desmintieron a Marzano y ningún viaje a Venezuela

Cada institución consultada por la fiscalía desmintió a la imputada. La ULA confirmó que Marzano nunca estudió allí y que el diploma exhibido no responde al formato oficial. El Ministerio de Educación señaló que el documento presentado para convalidar el título extranjero no cumple las formalidades de un acto administrativo real, y que la mujer no figura en el Registro Público de Graduados Universitarios. La UNCo, por su parte, aclaró que Marzano es una estudiante con trayectoria incompleta y que la resolución que la involucraba era jurídicamente imposible. Un dato que refuerza la hipótesis fiscal: mientras el título venezolano exigía dos años de residencia presencial en hospitales de ese país, los registros de Migraciones indican que Marzano nunca estuvo en Venezuela.

Durante el tiempo que habría ejercido ilegalmente, la acusada firmó historias clínicas, prescribió medicamentos y extendió certificados de defunción en una clínica privada, un consultorio particular, el hospital Francisco López Lima y otro sanatorio de la ciudad.

La defensa, a cargo de los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren, no se opuso al cambio de competencia, pero exigió que cualquier resolución al respecto se postergue hasta que el Tribunal de Impugnación se expida sobre un recurso presentado contra las medidas cautelares vigentes —tobillera electrónica e inhibición de bienes—. Pineda cuestionó que se mantengan esas restricciones sin que haya habido una formulación de cargos formal, lo que a su entender vulnera el derecho de defensa.

La jueza de Garantías Natalia González postergó su decisión. El fallo sobre si el caso continúa en la provincia o pasa a la órbita federal se conocerá el 26 de mayo a las 12:30.