Sin los votos para eliminar las PASO, el oficialismo negocia un esquema intermedio con sus aliados en el Senado

La eliminación total de las PASO chocó con la realidad de los números en el Senado. El oficialismo no tiene los votos suficientes para imponer su postura original y sus socios del PRO y un sector de la UCR advirtieron desde el inicio que forzar esa línea pondría en riesgo la totalidad del proyecto. Ante ese escenario, la Casa Rosada comenzó a explorar una salida intermedia: convertir las primarias en un sistema optativo, que se activaría únicamente para los frentes electorales que necesiten dirimir internas reales entre candidatos.

La propuesta no es nueva en la política argentina —el macrismo la arrastra desde hace tiempo— pero su ingreso al centro de la negociación oficial marca un cambio de postura significativo para una fuerza que llegó al poder con la promesa de liquidar el mecanismo por completo.

La mesa que negocia y los matices internos

Las conversaciones se desarrollan en un esquema que involucra a las principales figuras políticas del espacio. Karina Milei defiende la derogación total bajo el argumento de eliminar un "gasto innecesario" sin respaldo social. Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, fue quien alertó con mayor claridad que la postura dura comprometía la aprobación del texto completo. Diego Santilli, ministro del Interior, inició una ronda de consultas directas con gobernadores provinciales para construir los consensos necesarios.

La urgencia tiene fecha: en los despachos oficiales admiten que junio es el mes límite para cosechar leyes de fondo, con la certeza de que una vez que comience el Mundial de Fútbol, el debate público y la negociación legislativa se enfriarán drásticamente.

Los dos problemas que genera la opción intermedia

La posibilidad de las PASO optativas genera resistencia dentro de los sectores más duros de La Libertad Avanza, que señalan dos problemas estructurales. El primero es el costo fiscal: el esquema optativo solo reduciría parcialmente el gasto logístico del proceso electoral, manteniendo una estructura que el Estado igualmente debe financiar. El segundo es el riesgo de infiltración de votantes: si solo las fuerzas con internas participan de las PASO, los electores de un partido sin competencia interna podrían volcarse a votar en la primaria de sus adversarios para favorecer intencionalmente al candidato más débil de cara a la elección general.

Mientras se negocia la reforma electoral, el oficialismo en la Cámara Alta avanza en paralelo con una sesión que buscará tratar temas de alta sensibilidad económica e institucional. Patricia Bullrich impulsará el tratamiento del esquema de pago de deuda a holdouts por USD 171 millones, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la activación de negociaciones para cubrir vacantes en tribunales federales de todo el país mediante la aprobación de pliegos judiciales.