Fallo judicial condena a una fiduciaria por bloquear la entrega de un departamento ya pagado en Neuquén

Una fiduciaria fue condenada a pagar más de 100 millones de pesos a una jubilada con discapacidad de Neuquén, a quien le impusieron requisitos abusivos para entregarle un departamento que ya había pagado casi en su totalidad. El fallo del fuero Civil lleva la firma de la jueza María Eliana Reynals.

La mujer se había incorporado en 2017 a un fideicomiso para la compra de una vivienda mediante cuotas mensuales. En 2019 le asignaron un departamento de un dormitorio en Neuquén. Sin embargo, cinco años después —y con el 71,75% del valor ya abonado— la empresa le exigió la presentación de dos garantes con pagaré por el valor total de la operación. Los propuestos fueron rechazados sin explicación clara, y tampoco se aceptó la hipoteca sobre el propio inmueble como garantía alternativa.

Cláusulas abusivas y falta de información: el eje del fallo contra la fiduciaria

La jueza encuadró el caso como una relación de consumo y rechazó los argumentos de la empresa, que sostuvo que la entrega dependía de que la compradora reuniera condiciones del mercado financiero. Para la magistrada, si se prometía el acceso a una vivienda al concluir el pago de las cuotas, la consumidora debía conocer desde el inicio las condiciones reales para obtenerla. "No resulta admisible una exigencia posterior relacionada con condiciones que se conocían desde el inicio", señaló en la sentencia.

El análisis del fallo no se limitó a la Ley de Defensa del Consumidor, sino que incorporó convenciones internacionales de protección de personas mayores y con discapacidad. La jueza subrayó que la mujer había planificado durante años el acceso a una vivienda propia y seguía alquilando mientras abonaba 221 cuotas y realizaba adelantos.

La condena fijó en 91.409.955 de pesos la restitución por el contrato frustrado, calculada sobre el valor de mercado actual y el porcentaje efectivamente pagado. Sumó 5.500.000 de pesos por daño moral, reconociendo la angustia, la incertidumbre y la frustración habitacional que sufrió la demandante. También aplicó daño punitivo, al considerar que la conducta de la fiduciaria no era un hecho aislado sino una práctica reiterada, respaldada en antecedentes judiciales y administrativos previos contra la misma empresa.