A LA JUSTICIA
Salud: la Provincia denunció a una ex funcionaria por la presunta malversación de $21 millones
El Gobierno de Neuquén, a través de la Fiscalía de Estado, presentó esta semana una denuncia penal contra quien se desempeñaba como directora provincial de Prestaciones y Recupero Financiero del ministerio de Salud, por presuntas irregularidades en la administración y rendición de fondos públicos. El Gobierno provincial se presentó como querellante y solicitó que se investigue el destino de los fondos.
La presentación judicial se originó en una auditoría interna que detectó inconsistencias en tres expedientes administrativos mediante los cuales se habían otorgado anticipos para gastos de funcionamiento por un total de 21.307.500 pesos. Según el informe técnico, las rendiciones no permitieron acreditar de manera suficiente el destino final de esos recursos.
El primer expediente involucra fondos por 7.837.500 pesos. Entre los puntos detectados, los auditores señalaron la falta de autorizaciones jerárquicas, ausencia de justificación para usar el mecanismo excepcional de anticipo, concentración de funciones en una misma persona y falta de documentación bancaria que comprobara los pagos a proveedores.
Malversación en Salud: las observaciones de la auditoría
En el segundo expediente, por 5.660.000 pesos, la solicitud, intervención y autorización del pago habrían sido gestionadas por la propia funcionaria denunciada, sin los controles internos correspondientes. También se detectaron facturas con conceptos generales, ausencia de remitos y documentación insuficiente. El tercer expediente, por 7.810.000 pesos, presentó faltas de autorización administrativa e inconsistencias en la justificación del gasto.
La hipótesis planteada ante la Justicia es que los fondos habrían quedado bajo disponibilidad de la funcionaria y que luego se habría intentado justificar su uso con documentación que la auditoría no pudo verificar. Ante las observaciones, la coordinación de Administración Financiera rechazó las rendiciones, declaró la responsabilidad administrativa y remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas.
Será ahora la Justicia la encargada de determinar si las irregularidades corresponden a incumplimientos administrativos o si existió una maniobra deliberada de desvío de fondos públicos. Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es fortalecer una administración transparente y responsable con los recursos del Estado.