Más de $1100 millones para gastos flexibles: las 143 tarjetas que administra Karina Milei

La Casa Rosada cuenta este año con una caja superior a los $1.135 millones para afrontar gastos flexibles, administrada por la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei. El fondo, que financia viáticos, servicios, compras operativas y otros gastos corrientes, se ejecuta a través de 143 tarjetas oficiales: 140 de débito recargables y tres corporativas de crédito.

La información surge de documentación oficial difundida tras un pedido de acceso a la información pública y de una investigación publicada por la agencia Noticias Argentinas. Si bien Presidencia confirmó la existencia de las tarjetas y de los funcionarios autorizados para utilizarlas, no entregó los resúmenes de cuenta ni el detalle de los consumos efectuados.

El fondo para gastos flexibles creció un 141% en un año

El incremento del Fondo Rotatorio quedó establecido mediante la Resolución 35/2026, firmada por Karina Milei el 29 de enero.

La norma fijó para este año un presupuesto de $1.135.112.226,90, mientras que en 2025 el mismo fondo había sido de $471.581.570,04.

La diferencia representa un aumento cercano a los $664 millones, lo que implica que la caja destinada a gastos operativos de la Casa Rosada creció aproximadamente un 141% en apenas doce meses.

La resolución también habilita gastos individuales de hasta $50 millones por operación, con excepción de los pagos vinculados a servicios básicos, viajes presidenciales y débitos derivados de embargos.

Las 143 tarjetas oficiales que utiliza la Secretaría General

En respuesta al pedido de acceso a la información pública, Presidencia confirmó que, al 10 de junio de 2026, permanecían vigentes:

140 tarjetas corporativas recargables (débito).

Tres tarjetas corporativas de crédito.

62 usuarios activos de la plataforma "Corporativa Nación", utilizada para administrar esos medios de pago.

Sin embargo, la respuesta oficial omitió la información considerada más relevante: no se difundieron los consumos realizados con las tarjetas, los comercios donde fueron utilizadas, los montos de cada operación, los proveedores, la finalidad de los gastos ni la documentación respaldatoria correspondiente.

Karina Milei, Victoria Villarruel y "Lule" Menem figuran entre los usuarios

La nómina oficial incluye a varios funcionarios de alto rango. Entre ellos aparece Karina Milei, quien figura con una tarjeta corporativa recargable asignada a la Secretaría General Privada.

También se registran dos tarjetas vinculadas a la vicepresidenta Victoria Villarruel, correspondientes al Fondo Rotatorio y destinadas a viáticos, gastos eventuales y anticipos.

Otro de los nombres que figura en el listado es Eduardo "Lule" Menem, actual subsecretario de Gestión Institucional, quien además aparece como administrador de un centro de costos dentro del sistema.

La documentación también identifica al director audiovisual Santiago Oría y a otros funcionarios responsables de distintas áreas administrativas.

Las tres tarjetas de crédito del Fondo Rotatorio

El informe oficial revela que las únicas tres tarjetas corporativas de crédito vigentes están asignadas a funcionarios directamente relacionados con la administración del Fondo Rotatorio.

Se trata de María Elisa Del Malvar, Marcelo Nicolás Luque Mariño y Gabriela Carla Winnik, quienes además ocupan responsabilidades vinculadas a la gestión administrativa de esos recursos.

La coincidencia cobra relevancia porque la propia Resolución 35/2026 designó a Winnik como responsable del Fondo Rotatorio y a Luque Mariño como subresponsable del sistema.

El Gobierno confirmó las tarjetas, pero no mostró los gastos

El pedido de acceso a la información pública no solo solicitaba conocer cuántas tarjetas existían.

También requería los resúmenes mensuales, consumos realizados, comercios donde se efectuaron las compras, proveedores, montos, comprobantes, expedientes administrativos, autorizaciones e imputaciones presupuestarias.

Presidencia respondió únicamente con el listado de tarjetas y de sus titulares, sin informar si esos plásticos registraron movimientos ni el destino de los fondos utilizados.

El Banco Nación cuenta con el detalle de cada operación

La documentación remitida por la propia Secretaría General incorpora el convenio suscripto con el Banco Nación para la administración de las tarjetas corporativas.

Ese acuerdo establece que la plataforma permite consultar en línea cada consumo, identificar los comercios donde se realizaron las operaciones, conocer los movimientos de las cuentas, emitir reportes y acceder a las liquidaciones correspondientes.

Pese a ello, esa información no fue entregada como parte de la respuesta oficial.

Las normas internas obligan a rendir cada gasto

El instructivo interno sobre el funcionamiento de las cajas chicas también establece un procedimiento obligatorio para justificar cada operación realizada con las tarjetas corporativas.

Las normas exigen comprobantes fiscales emitidos a nombre de la Secretaría General de la Presidencia, resúmenes bancarios, documentación respaldatoria, expedientes electrónicos GDE e imputaciones en el sistema e-SIDIF.

De acuerdo con ese procedimiento, cada gasto debería quedar documentado mediante un expediente administrativo que permita reconstruir la utilización de los fondos públicos.

Un sumario administrativo sin expediente público

La Secretaría General también informó que existió un sumario administrativo relacionado con el uso de tarjetas corporativas. Según la respuesta oficial, la investigación concluyó sin detectar perjuicio fiscal. Sin embargo, el expediente no fue entregado, por lo que no se conocieron los hechos investigados, los funcionarios involucrados, los montos analizados ni las conclusiones completas del proceso disciplinario.

La principal incógnita sigue siendo el destino de los fondos

La documentación oficial confirma que la Secretaría General de la Presidencia administra un Fondo Rotatorio superior a los $1.135 millones y que dispone de 143 tarjetas oficiales para ejecutar gastos operativos de la Casa Rosada.

También acredita que existen mecanismos informáticos y procedimientos administrativos para registrar cada operación realizada.

No obstante, el detalle de los consumos continúa sin hacerse público. El Gobierno reconoció la existencia del sistema de tarjetas y de los funcionarios autorizados para utilizarlas, pero no informó cómo se ejecutaron esos recursos ni el destino específico de los gastos financiados con el Fondo Rotatorio.