Neuquén cesanteó a una empleada por maltrato infantil y a un policía por acumular 93 días de arresto

La política de tolerancia cero que el gobierno de Rolando Figueroa puso en marcha desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023, acaba de sumar dos nuevas bajas en la administración pública provincial. Los casos son distintos en su naturaleza, pero comparten el mismo desenlace: la cesantía definitiva de los agentes involucrados.

Malos tratos a niños de tres años en un CDI neuquino

La primera destitución recayó sobre Alicia Beatriz Ruiz Celiz, integrante de la planta permanente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, quien se desempeñaba en un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad de Neuquén a cargo de niños de la sala de tres años.

El expediente tiene su origen en una denuncia presentada el 6 de junio de 2023 por alumnas y docentes del Instituto de Formación Docente N°12 de Neuquén, quienes habían concurrido al establecimiento en carácter de pasantes. Las estudiantes describieron con detalle lo que presenciaron: retos, gritos, tratos bruscos, conductas con carga de violencia, estigmatización hacia los niños y uso de vocabulario inadecuado, además de actitudes carentes de toda pedagogía hacia los menores a su cargo.

A partir de esa denuncia, el 28 de mayo de 2024 la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Gobierno ordenó instruir un sumario administrativo que involucró a tres agentes. Tras reunir las declaraciones y los elementos de prueba, solo Ruiz Celiz fue cesanteada, al acreditársele prácticas incompatibles con la tarea de una educadora. Una segunda agente recibió 30 días de suspensión por omisión, y una tercera fue sobreseída por encontrarse con licencia médica al momento de los hechos.

Uno de los párrafos más contundentes del expediente oficial apunta directamente a la gravedad institucional del caso: "Surge evidente que existía una naturalización de tales conductas, al punto de que la agente indicó que no entendía que era mal trato". El documento remarca además que los niños involucrados presentaban un alto grado de vulnerabilidad debido a su corta edad.

93 días de arresto en menos de cinco meses

El segundo caso involucra al ahora ex cabo primero del Cuerpo Penitenciario, Ángel Albino Currumil, destituido por la acumulación de sanciones disciplinarias que superaron ampliamente los umbrales reglamentarios.

Entre el 24 de agosto de 2024 y el 2 de enero de 2025, Currumil acumuló un total de 93 días de arresto policial, más del 50% por encima del límite que la normativa vigente establece como causal automática de cesantía. El Régimen Disciplinario Policial fija que la acumulación de más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión en el lapso de un año es causal suficiente para iniciar el proceso de destitución. El 23 de julio de 2025, la Jefatura de Policía elevó el pedido formal de cesantía al Poder Ejecutivo Provincial, que lo hizo efectivo.