POLÍTICA
Piden el juicio político al intendente de San Martín de los Andes: los motivos de la presentación
El panorama político de San Martín de los Andes se sacudió en las última horas luego de que Mesa de Entradas del Concejo Deliberante recibiera una presentación formal que solicita el inicio del procedimiento de juicio político contra el intendente Carlos Javier D. Saloniti. El pedido fue impulsado por la vecina Valeria López Oronoz, con el patrocinio del letrado Enrique Bartolomé, y apunta a que el cuerpo deliberativo evalúe la suspensión preventiva y eventual destitución del jefe comunal.
En qué se basa el pedido de juicio político
La solicitud se encuadra en los artículos 137 y 139 de la Carta Orgánica Municipal y le atribuye al intendente las causales de mal desempeño e incumplimiento de los deberes a su cargo. En el escrito, de 30 fojas, la denunciante pide que el Concejo Deliberante trate el tema en su próxima sesión e integre las salas correspondientes para analizar la conducta del Departamento Ejecutivo.
"Como vecina de San Martín de los Andes, no puedo permanecer indiferente ante la degradación de nuestro entorno natural, el desorden financiero y la falta de respuesta institucional. Cuando los canales administrativos se agotan y las intimaciones son desoídas, la Carta Orgánica nos otorga a los ciudadanos la herramienta del juicio político para exigir responsabilidades a quien nos gobierna", afirmó López Oronoz al fundamentar la presentación.
Los seis motivos de la denuncia contra el intendente de San Martín de los Andes
El escrito enumera seis ejes de cuestionamiento a la gestión municipal:
1. Contaminación del Lago Lácar por el colapso del sistema cloacal
La denuncia cuestiona la omisión de medidas frente a la sobrecarga de las plantas de tratamiento PTE-1 y PTE-3. Según documentación de la Cooperativa de Agua, la planta costera operó con derivaciones de efluentes hacia el Arroyo Pocahullo y el Lago Lácar en distintos períodos. Pese a los reclamos de Parques Nacionales y de la Defensoría del Pueblo, el intendente no declaró la emergencia ambiental ni restringió las factibilidades para nuevos desarrollos inmobiliarios.
2. Deuda millonaria con el EPEN y cortes de luz en dependencias municipales
El texto señala una deuda que supera los $1.747 millones con el ente provincial de energía, que derivó en la interrupción del servicio eléctrico en dependencias municipales durante julio, pese a que los vecinos abonan mensualmente la contribución correspondiente. La Contraloría, además, registró que el Municipio priorizó pagos a entes externos y privados, mientras la planta PTE-1 carece de generador de respaldo desde fines de 2025.
3. Incumplimiento de una cautelar del Tribunal Superior de Justicia
Se objeta la falta de ejecución administrativa de la medida cautelar dictada en el Expediente N.º 6916/2025 del TSJ, que suspendió el carácter vinculante de los dictámenes de la comisión paritaria (CIAP) del Convenio Colectivo de Trabajo. Según la denuncia, el intendente aún no dictó el decreto de acatamiento solicitado.
4. Movimientos de suelo sin licencia ambiental en el Cerro Chapelco
La presentación denuncia falta de fiscalización oportuna sobre los movimientos de suelo realizados por la concesionaria Transportes Don Otto S.A., iniciados sin licencia ambiental. El propio intendente había autorizado la continuidad de las obras mediante el Decreto N.º 0812/26 con el trámite inconcluso, para luego suspenderlas por el Decreto N.º 1020/26, reconociendo daño ambiental en la base del cerro y exigiendo planes de remediación.
5. Maltrato institucional al Contralor Municipal
Se acusa al Departamento Ejecutivo de desatender las alertas e investigaciones impulsadas por el Contralor Municipal, Dr. Jorge Fernández, sobre inconsistencias en liquidaciones de haberes, infraestructura vial y auditorías presupuestarias, además de descalificar públicamente su labor.
6. Irregularidades en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
La denuncia sostiene vicios en las actas de las reuniones consultivas del POT, la omisión de convocar a la audiencia pública prevista por la Carta Orgánica y la aprobación de contrataciones directas por vía de excepción para estudios ambientales vinculados al proceso.
Qué pasa ahora: los próximos pasos en el Concejo Deliberante
El expediente queda ahora en manos de los concejales, que deberán analizar el pedido en la próxima sesión y resolver, por mayoría absoluta, si dan apertura formal al procedimiento de juicio político. En caso de aprobarse, el intendente Saloniti será convocado a una sesión especial para garantizar su derecho a defensa, con un plazo no menor a cinco días hábiles desde su notificación fehaciente.