Fondos públicos bajo la lupa: la Fiscalía busca llevar a juicio a exfuncionarios de Omar Gutiérrez

Dos exministros de la gestión de Omar Gutiérrez quedaron a un paso de enfrentar un juicio por una causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos durante 2022 y 2023. El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que se fije la audiencia de control de acusación, instancia previa necesaria para avanzar hacia el debate oral.

La investigación alcanza a ocho personas entre exfuncionarios provinciales y particulares relacionados con la cooperativa Viento Sur y organizaciones de la sociedad civil. Entre los principales acusados aparecen Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes ocuparon el Ministerio de Desarrollo Social durante el anterior gobierno provincial.

La presentación fue realizada ante la Oficina Judicial por la fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli. La Fiscalía de Estado, que interviene como querellante y había presentado la denuncia que dio origen a la investigación, acompañó el requerimiento.

El pedido representa un paso determinante dentro del expediente. La Fiscalía busca cerrar formalmente la etapa investigativa y habilitar el juicio, donde eventualmente un tribunal integrado por tres jueces deberá analizar las pruebas y determinar las responsabilidades de cada acusado.

El monto que aparece en el centro del expediente es significativo. Según la acusación fiscal, el presunto perjuicio ocasionado al Estado provincial asciende a $1.208.657.600, calculado a valores históricos.

Qué les atribuye la Fiscalía a los exministros

La teoría presentada por el MPF sostiene que existió una actuación coordinada entre funcionarios y particulares que habría permitido desviar recursos correspondientes a un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.

Esos fondos estaban destinados a capacitar a integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el programa establecía una serie de controles que debían realizarse obligatoriamente antes de autorizar cada desembolso.

Entre esos requisitos se encontraban la verificación de la situación institucional de las organizaciones y de sus autoridades, los planes de acción, los padrones de beneficiarios y las capacitaciones efectivamente realizadas.

La acusación incorpora además un elemento particularmente relevante: la Contaduría General de la Provincia habría emitido dictámenes desfavorables que, según sostiene el MPF, fueron ignorados mientras los pagos continuaban.

En ese contexto, la Fiscalía atribuye a los exministros Abel Di Luca y Germán Chapino haber autorizado desembolsos mensuales destinados a la cooperativa Viento Sur sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

También se les reprocha haber aceptado rendiciones que, según la acusación, eran incompletas, inconsistentes o directamente inexistentes.

Tanto Di Luca como Chapino están acusados por el delito de administración fraudulenta en carácter de coautores, junto con otras tres personas identificadas por sus iniciales D.M., S.E.B. y L.L.V.

A estas últimas, el MPF les atribuye haber solicitado, recibido y administrado los fondos involucrados en la maniobra investigada.

Ocho acusados y alrededor de 80 testigos

La investigación también alcanza a B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S., quienes fueron acusados como partícipes necesarios. De acuerdo con la teoría fiscal, habrían recibido dinero sin brindar una contraprestación.

En total son, por lo tanto, ocho las personas que la Fiscalía pretende llevar a juicio por los hechos investigados.

El volumen que alcanzó la causa también queda reflejado en la cantidad de testimonios previstos para un eventual debate. El Ministerio Público Fiscal anticipó que pretende convocar a alrededor de 80 testigos ante un tribunal colegiado integrado por tres magistrados.

La solicitud de la audiencia de control de acusación no implica todavía una condena ni determina la responsabilidad penal de ninguno de los acusados. Será justamente esa instancia la que permitirá discutir la acusación y definir si el expediente queda en condiciones de llegar al juicio.

Pero el avance coloca nuevamente bajo la lupa el manejo de fondos públicos durante los últimos años de la administración de Omar Gutiérrez, con dos de quienes ocuparon cargos de máxima responsabilidad dentro de Desarrollo Social entre los principales acusados.