Tolerancia cero en Neuquén: echaron a una agente del ISSN y buscan recuperar $7,8 millones

Los controles internos sobre la administración pública neuquina derivaron en una nueva sanción de máxima gravedad. El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) exoneró a una empleada de la delegación San Martín de los Andes luego de que un sumario administrativo acreditara irregularidades en el manejo de fondos y determinara un perjuicio fiscal de $7.873.698,61.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Administración del ISSN mediante la Resolución N° 414/26, fechada el 27 de agosto, después de un procedimiento en el que fueron evaluadas pruebas documentales, registros contables y testimonios.

La investigación estableció que la agente, de apellido Moreno, recibió pagos realizados por afiliados tanto en efectivo como mediante transferencias hacia una cuenta personal, en lugar de utilizar exclusivamente los mecanismos institucionales previstos por el organismo.

Parte de esos fondos, según quedó acreditado durante el sumario, no fue ingresada en tiempo y forma al ISSN, situación que terminó generando el perjuicio económico calculado por los auditores.

Los hechos investigados abarcaron un período extenso: entre enero de 2024 y julio de 2025.

La sanción aplicada fue la exoneración, una medida disciplinaria de mayor severidad que una cesantía y que se incorpora a una serie de decisiones tomadas dentro de la administración provincial como resultado del fortalecimiento de auditorías y controles internos.

El ISSN buscará recuperar los casi $8 millones

La expulsión de la agente no cerró el procedimiento. La resolución dispuso además continuar con las acciones destinadas a recuperar los $7.873.698,61 que quedaron determinados como perjuicio fiscal, junto con los intereses y los demás accesorios legales que correspondan.

De esta manera, el objetivo del organismo no se limita a sancionar administrativamente la conducta detectada, sino también a recomponer los recursos que pertenecen al sistema de seguridad social provincial.

La medida se inscribe dentro de la política de “tolerancia cero” frente a incumplimientos, irregularidades y conductas incompatibles con la función pública que la gestión de Rolando Figueroa viene aplicando desde diciembre de 2023.

En el caso del ISSN, el control adquiere además una dimensión particular porque se trata de fondos destinados a sostener las prestaciones de afiliados, jubilados y beneficiarios del sistema.

La resolución reafirma así una línea que el Gobierno provincial viene profundizando: quien administra recursos públicos debe rendir cuentas y, cuando se comprueba un perjuicio al Estado, además de la sanción se activan mecanismos para intentar recuperar el dinero.

Una semana marcada por sanciones en el Estado neuquino

El caso del ISSN se conoció prácticamente en simultáneo con siete cesantías resueltas en un solo día dentro de distintas áreas de la administración pública provincial.

Entre esas decisiones hubo tres agentes vinculados al sistema de Salud, tres integrantes de la Policía y una trabajadora perteneciente al Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

En el ámbito sanitario, fue cesanteada Flavia Alejandra González, quien se desempeñaba como jefa de Gastroenterología del Hospital Castro Rendón. La sanción se produjo por abandono de cargo después de no haber retomado sus funciones una vez finalizada una licencia sin goce de haberes.

También perdió su puesto Juan Pablo Villagra, auxiliar de enfermería del Hospital Bouquet Roldán, a quien se le acreditaron ausencias continuas e injustificadas entre el 26 de julio y el 13 de agosto de 2024.

La tercera sanción dentro de Salud alcanzó a Araceli Lilen Ferreyra, enfermera del Hospital Dra. Alicia Cruz de San Patricio del Chañar, por reiteradas ausencias injustificadas registradas durante diferentes períodos de 2024.

Dentro de la Policía fueron sancionados Osvaldo Américo Fuentes, Sabrina Andrea Bustamante Roncallo y Rocío Ayelén Quintonahuel, por distintos incumplimientos administrativos y disciplinarios.

El listado se completó con Micaela Nahir Barberis, agente de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, quien fue cesanteada luego de comprobarse reiteradas inasistencias injustificadas.