Descubren corrupción en la Armada: cómo se llevaron más de 1000 millones de pesos

La Armada Argentina presentó ante la Justicia Federal los resultados de una investigación interna que detectó 645 acreditaciones indebidas de haberes por un total de $981.148.567,88 y otras que llevarían ese monto por sobre los mil millones de pesos. Las irregularidades se habrían producido entre julio de 2022 y enero de 2026 y, hasta el momento, la denuncia identifica a 23 personas, entre militares, personal civil y personas que no tenían vínculo laboral o funcional con la fuerza.

El expediente busca determinar quiénes participaron, cómo se ejecutaron los pagos, cuál fue el destino del dinero y cuál es la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La presentación judicial fue realizada por el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.

Fuentes consultadas por Infobae señalaron que el perjuicio bajo análisis podría ser superior y llegar a unos $1.500 millones, aunque esa estimación no forma parte del monto documentado en la denuncia. Otras versiones periodísticas hablaron de cifras aún mayores, por lo que, por el momento, el dato respaldado por la investigación administrativa es de $981,1 millones en acreditaciones irregulares.

Cómo era la maniobra de los sobresueldos en la Armada

El mecanismo investigado se habría apoyado en un momento específico del circuito de liquidación y pago de haberes.

En primer lugar, los controles habituales se realizaban sobre las liquidaciones de sueldos. Sin embargo, antes de que los archivos definitivos fueran enviados al Banco Nación, determinados registros podían ser modificados para aumentar importes o incorporar pagos que no tenían respaldo en los haberes legítimamente liquidados.

La particularidad de la operatoria estaba en que esas modificaciones no necesariamente quedaban reflejadas en el recibo de sueldo.

Según la denuncia, después de confeccionar los archivos destinados al banco, los registros eran restituidos a sus valores originales. De esa manera, el archivo bancario podía ordenar una acreditación superior o distinta de la que posteriormente aparecía en el sistema de haberes.

El expediente señala que este procedimiento permitía generar una diferencia entre tres elementos que deberían coincidir: la liquidación de haberes, el recibo publicado para el trabajador y el archivo enviado al banco para efectuar la transferencia.

El punto clave: modificar el archivo antes de enviarlo al banco

La investigación detectó distintos tipos de inconsistencias.

Entre ellas aparecen:

• pagos por conceptos que no figuraban en las liquidaciones;
• importes incluidos en los lotes enviados al banco que no aparecían en los recibos;
• acreditaciones duplicadas;
• pagos a personas cuya relación con la Armada no pudo establecerse inicialmente;
• modificaciones realizadas después de los controles habituales.

El expediente sostiene que la reiteración de las operaciones, la repetición de determinados beneficiarios y la alteración posterior de los registros hicieron que los investigadores descartaran, en principio, que se tratara solamente de errores administrativos o fallas aisladas de procesamiento.

La investigación comenzó por cinco pagos irregulares

El caso salió a la luz en febrero de 2026, durante la revisión de los haberes correspondientes a enero.

En ese momento se detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. Los trabajadores devolvieron los fondos y la Armada decidió ampliar la revisión hacia períodos anteriores.

La pregunta que orientó la auditoría fue si se trataba de errores puntuales o si detrás de esas diferencias existía una operatoria sostenida en el tiempo.

La investigación terminó reconstruyendo acreditaciones irregulares desde julio de 2022 hasta enero de 2026. Según la documentación presentada, no se encontraron casos similares en el mes anterior al comienzo del período ni en los períodos posteriores que fueron analizados.

La Dirección de Administración Financiera conformó una comisión integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos.

Los investigadores preservaron los equipos utilizados para preparar y transmitir los archivos de pago y realizaron una comparación individual y mes a mes entre la información de los sistemas internos y las acreditaciones realizadas por el Banco Nación.

Cuatro personas ajenas a la Armada recibieron $434 millones

Uno de los datos centrales de la denuncia es que, entre las 23 personas identificadas, aparecen militares en actividad y retirados, personal civil permanente y contratado, jubilados y cuatro personas que no tenían relación laboral o funcional con la Armada.

Estas cuatro personas concentraron $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del total de las acreditaciones irregulares detectadas.

La denuncia detalla que una persona de apellido Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86.

Otro de los beneficiarios recibió 47 pagos por $99.496.225,47; una tercera persona, 46 acreditaciones por $91.978.048,38; y una cuarta mujer, 45 por $90.466.948,33.

En conjunto, las cuatro personas recibieron 184 acreditaciones por más de $434 millones.

Prieto es esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien en el período investigado se desempeñaba como jefe del Departamento Revista y aparece como el principal señalado en la denuncia por la organización de las operaciones.

Qué declaró el principal señalado en la investigación

Durante el sumario administrativo, Atanasoff habría reconocido conocer las acreditaciones destinadas a las cuatro personas que no tenían vínculo con la fuerza y sostuvo que los pagos eran cargados manualmente.

De acuerdo con la denuncia, declaró que la finalidad era favorecer económicamente a esas personas y que él decidía las operaciones, los beneficiarios y los montos.

También habría manifestado que realizaba personalmente esas acciones.

Estos dichos forman parte del expediente administrativo, pero será la Justicia la que deberá determinar su alcance penal y establecer si existieron otros participantes.

La denuncia también señala que las cuatro personas externas serían familiares o conocidos del principal señalado. El vínculo expresamente documentado es el de Prieto con Atanasoff.

También investigan pagos durante misiones en el exterior

El expediente incorpora otros casos que todavía están bajo análisis.

Uno de ellos corresponde a un capitán de Corbeta contador que habría recibido determinados haberes en la Argentina mientras cobraba por una misión en el exterior.

Según la investigación, el sistema excluye automáticamente del pago local al personal destinado fuera del país. Por ese motivo, las acreditaciones detectadas en esos períodos debieron realizarse por fuera de la generación automática de los lotes.

También fueron detectados pagos a favor de quien sería la esposa de ese uniformado durante períodos en los que tenía licencia sin goce de haberes.

La denuncia aclara que los involucrados brindaron diferentes versiones sobre el conocimiento, origen y utilización de esos fondos. Esos aspectos forman parte de la investigación judicial.

La Armada cambió el circuito de pagos después de detectar las irregularidades

Cuando aparecieron los primeros cinco pagos irregulares, en febrero, todavía no había elementos que vincularan directamente a Atanasoff con las inconsistencias.

Por su cargo, había recibido instrucciones para reforzar los controles.

A partir de marzo, la Armada decidió trasladar al Departamento Tesorería la tramitación de las acreditaciones ante el Banco Nación y estableció que el área de Contabilidad realizara una conciliación independiente de la cuenta utilizada para los pagos.

La situación cambió en agosto, cuando la auditoría histórica identificó a Prieto como una de las beneficiarias y confirmó su vínculo matrimonial con Atanasoff. Ese dato se convirtió, según la denuncia, en el primer elemento objetivo que vinculó personalmente al oficial con las acreditaciones investigadas.

Atanasoff fue entonces relevado preventivamente.

Además, la fuerza resguardó los equipos utilizados para preparar y transmitir los lotes bancarios y separó las funciones de liquidación, acreditación y conciliación, con el objetivo de evitar que una misma área pudiera intervenir en diferentes etapas del proceso.

Cuánto dinero fue recuperado

Una parte de los fondos detectados ya fue reintegrada.

En abril de 2026, cuatro capitanes de Corbeta contadores devolvieron importes que habían cobrado en exceso con los haberes de enero. El 11 de septiembre también realizaron reintegros otros acusados incluidos en la denuncia.

Al momento de la presentación judicial, las restituciones alcanzaban $42.574.267,63.

Por lo tanto, sobre el total histórico de $981.148.567,88 detectado por la auditoría, permanecían pendientes de devolución $938.574.300,25.

La documentación aclara que los reintegros no reducen el monto histórico de las operaciones investigadas, sino que permiten distinguir entre el dinero que ya fue recuperado y el que continúa pendiente.

La denuncia llegó al Ministerio de Defensa

La investigación administrativa avanzó por la cadena de mando hasta el Ministerio de Defensa.

Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el ministro Carlos Alberto Presti ordenó formalizar la denuncia una vez reunida la documentación administrativa y técnica necesaria.

La presentación incorporó informes fechados el 20 de agosto y el 2 de septiembre, actas vinculadas con los equipos informáticos, planillas con las operaciones detectadas, registros del Banco Nación, el informe final del oficial investigador y las declaraciones tomadas durante el sumario.

La Armada también puso a disposición de la Justicia otros archivos, equipos y soportes que pudieran resultar necesarios para profundizar la investigación.

Qué deberá determinar ahora la Justicia

La causa deberá establecer la dimensión final de los desvíos, el destino de los fondos y la responsabilidad individual de cada persona involucrada.

Por ahora, la investigación interna dejó documentado un piso de 645 acreditaciones indebidas, 23 personas identificadas y $981.148.567,88 comprometidos durante un período que se extendió por más de tres años y medio.

El elemento central de la operatoria investigada fue la posibilidad de generar una diferencia entre el registro utilizado para controlar los haberes y el archivo definitivo enviado al banco: se modificaban determinados datos antes de la acreditación y luego se restituían los registros originales, de modo que el pago efectivamente realizado podía no coincidir con el recibo visible para el trabajador.

La Armada informó que, una vez detectadas las irregularidades, inició la actuación administrativa y presentó la denuncia correspondiente para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades, bajo las garantías del debido proceso.

*Con información propia, de la Armada Argentina y de Infobae.