TOLERANCIA CERO
Tres nuevas cesantías en el Estado neuquino: un condenado por vender drogas y dos policías
El Gobierno de Neuquén dispuso tres nuevas cesantías dentro de la administración pública provincial. Las medidas alcanzaron a un empleado de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia que había sido condenado por comercialización de estupefacientes y a dos integrantes de la Policía provincial que acumularon sanciones disciplinarias.
Las bajas fueron formalizadas mediante decretos y responden a situaciones diferentes. En el primer caso, la Provincia avanzó después de que quedara firme una sentencia penal. Para los dos efectivos policiales, en tanto, la cesantía se fundamentó en la cantidad de días de arresto acumulados por infracciones disciplinarias.
La medida se inscribe en las decisiones que viene adoptando la administración de Rolando Figueroa respecto de agentes que incurren en causales previstas para la pérdida de la estabilidad laboral dentro del Estado provincial.
Una condena a cinco años de prisión
Una de las cesantías alcanzó a Jonathan Alberto Muñoz, quien pertenecía a la planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
La decisión administrativa quedó vinculada con una sentencia condenatoria dictada el 16 de julio de 2025, que posteriormente adquirió firmeza. Muñoz fue declarado culpable del delito de comercio de estupefacientes y recibió una pena de cinco años de prisión efectiva.
Según se consignó en el decreto de cesantía a partir de lo acreditado en la causa penal, entre el 22 de abril y el 12 de junio de 2025 comercializó clorhidrato de cocaína y marihuana desde un domicilio del barrio Valentina Norte Rural, en Neuquén capital.
La baja del agente se aplicó de manera retroactiva al 4 de agosto de 2025.
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo señaló que el delito acreditado judicialmente resulta “manifiestamente incompatible con la actividad estatal en general” y consideró razonable la pérdida de estabilidad del agente.
La resolución se sustentó en las disposiciones previstas tanto en el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente como en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén.
El antecedente no es el primero de estas características mencionado durante la actual gestión. En septiembre de 2024 se habían conocido las cesantías de Juan Carlos Santana y Julio César Blanco, quienes habían sido condenados por la Justicia Federal y habían ingresado a la administración pública durante gestiones anteriores.
Dos policías quedaron afuera por acumulación de sanciones
Las otras dos medidas alcanzaron a integrantes de la Policía de Neuquén. Uno de ellos fue el cabo primero Juan Javier Tranaman, cuya destitución había sido solicitada por la Jefatura policial el 3 de marzo de 2026.
De acuerdo con los antecedentes administrativos, Tranaman acumuló 75 días de arresto policial como consecuencia de distintas faltas cometidas entre el 4 de julio y el 18 de noviembre de 2025.
La normativa policial establece como causal de cesantía la acumulación de más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión dentro del período de un año. El decreto indicó además que el efectivo no presentó un recurso administrativo dentro del plazo legal correspondiente.
El tercer caso corresponde al cabo primero Marcelo César Ortega. La Jefatura de Policía había solicitado su destitución el 4 de noviembre de 2025 luego de que acumulara 63 días de arresto policial entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de ese año.
Ortega presentó un recurso administrativo contra una de las sanciones que integraban esos antecedentes, pero el planteo fue rechazado y la medida disciplinaria quedó ratificada.