La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre y afectó a más de 15,5 millones de argentinos

La tasa de pobreza en la Argentina trepó al 32,3% durante el primer semestre de 2026, según datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El registro representó un incremento de 4,1 puntos porcentuales en comparación con el segundo semestre de 2025 (28,2%), lo que implica que 2,05 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza en los primeros seis meses del año. Proyectado al total de la población nacional, el fenómeno impacta sobre 15,56 millones de habitantes y afecta al 24,4% de los hogares.

Por su parte, la indigencia experimentó un alza de 1,2 puntos porcentuales en el mismo período, alcanzando al 7,5% de las personas (3,61 millones de indigentes) y al 5,6% de los hogares. El deterioro responde centralmente al encarecimiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) —que aumentaron 21,4% y 19,6% respectivamente—, superando al incremento medio del ingreso per cápita familiar, que se ubicó en un 11,5%.

Brechas regionales y desplome del ingreso real

La incidencia de la pobreza mostró fuertes disparidades según la zona geográfica y el rango etario. El Noreste registró el índice regional más crítico del país con un 41,5% (y un 10,5% de indigencia), escoltado por Cuyo con un 36,7%. En el Gran Buenos Aires la pobreza alcanzó el 32,1%, exhibiendo una brecha marcada entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13,9%) y los partidos del conurbano (36,9%). La Patagonia figuró en el extremo opuesto, registrando el menor indicador regional con un 28,4%. En el desglose por edades, el cuadro más complejo se detectó en la infancia: el 44,5% de los menores de 14 años es pobre.

A pesar de la desmejora respecto al semestre previo, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que ambos indicadores muestran una reducción sustancial si se los compara con el primer semestre de 2024, cuando la pobreza había marcado un 52,9% y la indigencia un 18,1%. No obstante, analistas coinciden en que el freno en la recuperación del salario real, la precarización del empleo formal en favor de ocupaciones informales de menor retribución y la menor capacidad de contención de los programas sociales explicaron el repunte de los índices en la primera mitad del año.