DELITOS

Río Negro: impulsan una ley para que la Provincia investigue y juzgue el microtráfico de drogas

El proyecto propone adherir a la Ley 23.737 y crear una unidad fiscal especializada. La iniciativa también reclama fondos a Nación.

El microtráfico en Río Negro podría pasar a ser investigado y juzgado por la Justicia provincial si avanza un proyecto presentado por los legisladores María Laura Frei y Juan Martín, del PRO. La iniciativa propone adherir al artículo 34 de la Ley Nacional 23.737, modificado por la Ley 26.052.

El planteo apunta a que la Provincia asuma la competencia sobre los delitos de drogas que el régimen nacional permite transferir a las jurisdicciones provinciales. Los autores remarcan que la propuesta no abarca todo el narcotráfico, sino las figuras y situaciones específicamente comprendidas por la normativa.

Uno de los cambios centrales sería la creación de una Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico dentro del Ministerio Público Fiscal. El organismo tendría entre sus funciones diseñar estrategias de persecución penal y protocolos para investigar búnkeres y aguantaderos.

Microtráfico en Río Negro: qué propone el proyecto

La iniciativa establece además criterios para definir prioridades de investigación. Entre ellos aparecen la venta de drogas en espacios públicos, los casos en los que intervengan armas de fuego y la captación de menores o personas en situación de vulnerabilidad.

Los legisladores sostienen que uno de los problemas que busca abordar el proyecto es la sobrecarga del fuero federal y las demoras que, según plantean, pueden producirse frente a determinadas denuncias. La intención es llevar la respuesta penal a un esquema con mayor presencia territorial.

En materia presupuestaria, el proyecto contempla que el Poder Ejecutivo provincial reclame a Nación las transferencias de créditos previstas por la Ley 26.052. Hasta que esos recursos lleguen, debería realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

La propuesta también establece que las multas y los bienes decomisados que correspondan a la Provincia sean destinados a seguridad, investigación y asistencia de las adicciones. Frei y Martín mencionaron como antecedentes las adhesiones realizadas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires.

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