Financiamiento universitario: multa de $100.000 por día a la Jefatura de Gabinete por no cumplir la cautelar

El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick impuso el miércoles 14 de octubre astreintes de $100.000 por día a la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el “incumplimiento verificado” de la medida cautelar que ordena actualizar salarios docentes y no docentes y garantizar el fondo de becas previsto en la Ley de Financiamiento Universitario.

El magistrado hizo efectivo el apercibimiento que había dispuesto el 30 de septiembre, después de dos advertencias previas al Gobierno. La multa recae sobre “el funcionario titular” de la Jefatura. Cormick fijó el monto “en una primera etapa” y dejó abierta la posibilidad de modificarlo y de ampliar los funcionarios alcanzados.

El juez hizo lugar a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostuvo que el Estado sigue sin cumplir una cautelar confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de 2026. La decisión se conoció a un día de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre.

Qué exige la Ley de Financiamiento Universitario y qué responde el Gobierno

La cautelar, dictada en diciembre de 2025, obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795: la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas según la inflación (IPC) y la recomposición de las becas estudiantiles.

En su apelación, el Gobierno argumentó que la medida le impone una carga económica indeterminada, porque no establece qué monto o porcentaje debe pagar para darla por cumplida. Cuestionó además la interpretación que exigiría un aumento acumulado del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026, y afirmó que la Ley de Presupuesto 2026 no prevé partidas para esa suba. Sostuvo también que los salarios universitarios acumulan un incremento del 226,80% desde diciembre de 2023 y que propuso en la paritaria un 3% para septiembre de 2026, sumado a otro 3% acordado en junio.

Cormick concedió la apelación del Estado Nacional contra el fallo que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025, con la que el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley. Rechazó un pedido de reposición y también el efecto suspensivo que pedía el Gobierno, y elevó el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La cautelar sigue vigente mientras el tribunal de alzada revisa la causa principal.