La reforma de la Ley de Salud Mental llega al Congreso Nacional

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental obtuvo dictamen en el Senado y quedó en condiciones de avanzar al recinto. La intención es tratar la iniciativa en una sesión ordinaria prevista para el jueves 29 de octubre.

Los principales cambios propuestos

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación del procedimiento para las internaciones voluntarias. El proyecto establece que estas deberán ser comunicadas a la Justicia, en lugar de requerir autorización judicial previa. No obstante, los jueces podrán solicitar informes y peritajes, así como dejar sin efecto una internación cuando lo consideren pertinente.

La propuesta también incorpora la ludopatía dentro de las conductas contempladas como adicciones y modifica los criterios de participación de familiares en los procesos de atención. Además, prevé la conformación de equipos de acuerdo con los recursos humanos disponibles en cada provincia y habilita la posibilidad de realizar teleconsultas con profesionales de psiquiatría.

En el caso de niños y adolescentes, el texto plantea equipos especializados y dispositivos de atención diferenciados de los destinados a adultos. También incorpora disposiciones vinculadas con la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados, la confidencialidad y el abordaje familiar y comunitario.

Otro de los puntos contempla la continuidad de alternativas de atención fuera de las instituciones de internación, como los tratamientos ambulatorios y domiciliarios, las casas de convivencia, los hospitales de día y los centros de capacitación sociolaboral. Asimismo, se refuerzan las acciones de promoción y prevención y se mantiene la prohibición de las prácticas manicomiales.

La iniciativa define como prolongadas las internaciones que superen los 180 días corridos o acumulados por reinternaciones durante dos años. En esos casos, establece la intervención inmediata de oficio del órgano de revisión y la creación de un registro específico. La propuesta exceptúa a los pacientes cuya problemática sea exclusivamente social.

Finalmente, el proyecto incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y a designar personas que puedan expresar el consentimiento en caso de que el paciente no esté en condiciones de hacerlo.

El debate en el recinto estará atravesado por las diferencias en torno a los cambios en el régimen de internaciones y por la demanda de garantías presupuestarias para asegurar la aplicación efectiva de la normativa.

Organismos de derechos humanos, asociaciones civiles y sectores de la oposición advierten que la reforma reduce el enfoque comunitario e integral de la ley, patologiza el sufrimiento psíquico y flexibiliza los controles sobre las internaciones involuntarias.