SEGURIDAD
Una legisladora propone bloquear los celulares que se usan dentro de las cárceles provinciales en Neuquén
La diputada provincial Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó dos proyectos en la Legislatura de Neuquén para controlar el uso de celulares en las cárceles de la provincia. Según informó la Legislatura, los expedientes 18776 (proyecto de ley) y 18777 (proyecto de resolución) ingresaron por Mesa de Entradas el lunes 2 de noviembre de 2026.
El proyecto de ley plantea que Neuquén adhiera a la normativa federal que permite detectar y bloquear los códigos IMEI e IMSI: el primero identifica el aparato físico y el segundo, la tarjeta SIM. El de resolución consulta al Poder Ejecutivo provincial si evalúa incorporarse al programa nacional y le pide un informe sobre los protocolos y sistemas de seguridad que rigen hoy en los penales neuquinos para impedir el acceso ilícito a la telefonía celular.
Qué plantea Buchiniz para frenar los celulares en las cárceles neuquinas
En los fundamentos, la legisladora advierte que el uso clandestino de teléfonos en contextos de encierro facilita estafas, extorsiones y la coordinación de delitos con el exterior. Sostiene además que las requisas físicas resultan insuficientes ante dispositivos cada vez más pequeños y fáciles de ocultar.
De acuerdo con Buchiniz, el esquema respeta las competencias federales en telecomunicaciones. La provincia conservaría el control operativo de sus cárceles y el Ministerio de Seguridad de la Nación canalizaría ante las empresas prestadoras las solicitudes de baja técnica. Según la diputada, el articulado prohíbe interceptar contenidos sin orden judicial y garantiza las comunicaciones legales de las personas privadas de la libertad por los canales oficiales.
Los proyectos también establecen que el sistema funcione solo dentro de los perímetros carcelarios, para evitar interferencias en las comunicaciones de los vecinos linderos, y que se aplique sin crear nuevas estructuras estatales. La Legislatura no informó fecha de tratamiento en comisión.
La iniciativa se apoya en un esquema nacional que ya rige en las unidades federales. El Ministerio de Seguridad Nacional autorizó en abril el bloqueo en cárceles federales y, a fines de agosto, creó un programa para extenderlo a las provincias que adhieran mediante convenio.