PODER JUDICIAL

San Patricio del Chañar: imputaron a una concejal que habría votado a favor de adjudicarse un terreno fiscal

El juez Luciano Hermosilla fijó cuatro meses de investigación por negociaciones incompatibles. No imputó, por ahora, a la viceintendenta.

Una concejal de San Patricio del Chañar, identificada por las iniciales M. B. B., fue imputada el martes 17 de noviembre por haber impulsado y votado, según la hipótesis de la fiscalía, la ordenanza que le permitió quedarse con un terreno fiscal. El delito atribuido es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en calidad de autora (artículos 265 y 45 del Código Penal). Como en toda imputación, rige la presunción de inocencia.

La decisión la tomó el juez de garantías Luciano Hermosilla, que hizo lugar al planteo del fiscal Juan Narvaez y del asistente letrado Facundo Bernat, del Ministerio Público Fiscal (MPF). La querella de la Fiscalía de Estado adhirió al pedido. El magistrado fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

En la misma audiencia, la fiscalía había solicitado imputar también a la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 45), por haber omitido controles durante el trámite legislativo. El juez rechazó ese pedido, por el momento, al considerar que hay dudas sobre el dolo en su conducta.

Terreno fiscal: cómo habría sido el trámite de la ordenanza

Según la teoría del caso del MPF, el 25 de noviembre de 2024 la concejal, ya en funciones, pidió al Ejecutivo municipal derogar una norma de 1996 y adjudicarle en venta el Lote 10 de la Chacra 28 (Picada 9). El 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales, con participación de la propia edil, emitió dictamen favorable sin contar con un informe legal formal previo.

Al día siguiente, en la Sesión Ordinaria N.º 13, la concejal no se habría abstenido ni sido apartada del debate: habría defendido el proyecto y votado a favor. La iniciativa se aprobó por mayoría simple, con tres votos a favor y dos en contra, y dio lugar a la Ordenanza N.º 1497/25, que fue promulgada con la firma de la viceintendenta, según la fiscalía. Para los fiscales, la Carta Orgánica exige dos tercios de los votos (cinco) y licitación pública o remate para enajenar tierras fiscales. Remarcaron además que el dictamen legal escrito se incorporó al expediente minutos después de terminada la sesión.

La investigación había trascendido en agosto, a partir de una denuncia de concejales opositores. En esa nota, el abogado de la concejal, Mariano Mansilla, atribuyó la causa a motivaciones políticas y dijo que su clienta estaba dispuesta a colaborar. 

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