Ricardo Soiza habló en exclusiva con AM Cumbre y denunció una “causa política” tras la condena por planes sociales

El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén, uno de los delitos contra la administración pública más graves de la historia de la provincia, tuvo definiciones centrales el pasado 11 de diciembre. Tras 39 audiencias, el tribunal integrado por Luciano Hermosilla, Juan Guaita y Juan Kees dio a conocer las penas para 12 personas condenadas por administración fraudulenta agravada, en una causa en la que se probó la existencia del delito, la concreción de la estafa y el conocimiento que tenían todos los acusados sobre las maniobras ilegales, vinculadas al manejo de subsidios del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

Entre los condenados se encuentra Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, quien recibió una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Luego de conocerse la sentencia, Soiza habló en exclusiva con AM Cumbre 1400 durante el programa "Más Vale Tarde" conducido por Juan pablo Iozzia, donde expuso su versión de los hechos, cuestionó el fallo y lanzó duras críticas al accionar judicial.

Cuestionamientos al proceso y al fallo

Durante la entrevista, Soiza afirmó que el juicio tuvo un fuerte contenido político. “Yo en todo momento dije que esta es una causa política, y también una causa judicial direccionada”, sostuvo. En ese sentido, señaló que el tribunal, al momento de fundamentar la condena, realizó referencias que, a su entender, excedieron el análisis técnico del caso. “Se habló durante largos minutos de los 68 años de gobierno del Movimiento Popular Neuquino y de un cambio de ciclo político, más que de las pruebas concretas”, afirmó.

El exfuncionario fue especialmente crítico con la labor del Ministerio Público Fiscal. “La Fiscalía quedó muy mal parada porque no hizo el trabajo que tenía que hacer”, expresó, y remarcó que no se logró sostener la acusación más grave. El tribunal descartó la figura de asociación ilícita, solicitada por la fiscalía, y encuadró la causa como administración fraudulenta agravada, lo que redujo la escala penal posible.

Según Soiza, esa decisión dejó en evidencia las debilidades de la investigación. “No hubo pruebas: no trajeron coordinadores, no trajeron beneficiarios y no trajeron a nadie del partido”, aseguró, en referencia a la hipótesis de que los fondos desviados habrían sido utilizados con fines políticos. Aun así, la Fiscalía de Delitos Económicos y la Fiscalía de Estado ya anticiparon que apelarán el fallo para insistir con una calificación más severa, lo que podría derivar en un nuevo juicio de cesura y en pedidos de penas más altas.

El impacto personal y el tiempo detenido

Soiza también puso el foco en las consecuencias personales del proceso judicial. “Llevo dos años y medio detenido y he pagado un costo muy alto que no merecía”, afirmó. En total, acumula 29 meses privado de la libertad, primero bajo prisión preventiva y luego con prisión domiciliaria, un período que deberá ser descontado de la pena impuesta.

El exdirector de Planes Sociales remarcó que su rol dentro del ministerio no estaba vinculado al manejo de fondos ni a la autorización de pagos. “Yo no autorizaba pagos ni manejaba fondos; mi tarea era política y de mediación en conflictos sociales”, explicó. Detalló que su función principal era intervenir en situaciones de alta conflictividad social, negociar con organizaciones y evitar la escalada de protestas, tanto en la capital neuquina como en el interior de la provincia.

En ese marco, rechazó de manera tajante haber participado de maniobras ilegales. “No voy a reconocer algo que no hice: yo no estuve en la maniobra”, subrayó. También negó haber tenido contacto directo con beneficiarios para exigirles dinero o apropiarse de parte de los subsidios. “No hay una persona que diga que yo le pedí plata, que le entregué una tarjeta o que le dije ‘cobrá y traeme’”, afirmó.

Un caso que sigue abierto

La causa investigó hechos ocurridos entre septiembre de 2020 y julio de 2022, período en el que, según la sentencia, se produjo una estafa de 153 millones de pesos a valores históricos, una cifra que actualizada supera los mil millones de pesos. El dinero, de acuerdo a lo expuesto durante el juicio, se habría acumulado en una denominada “caja azul”, cuyo destino final nunca quedó plenamente esclarecido.

Soiza confirmó que apelará la condena en todas las instancias y reiteró su inocencia. Mientras tanto, el expediente aún no está cerrado: las impugnaciones anunciadas por las fiscalías mantienen abierta la posibilidad de nuevas instancias judiciales.