viernes 30 de octubre de 2026

INFORME

Bariloche aparece en una trama millonaria que sacude a la AFA y al Chiqui Tapia

Una investigación periodística reveló que tres personas de Bariloche figuran en sociedades radicadas en Estados Unidos que recibieron millones de dólares vinculados a la AFA.

Las irregularidades que se investigan en torno a la administración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvieron a mostrar vínculos con la Patagonia, a partir de una investigación periodística que detectó nexos directos con la ciudad de Bariloche. El eje del caso son cuatro empresas con sede en el estado de Florida, Estados Unidos, que recibieron al menos 42 millones de dólares y en las que figuran tres barilochenses.

El trabajo fue publicado por el diario La Nación y estuvo a cargo de Hugo Alconada Mon, Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi. Según la investigación, las sociedades estadounidenses recibieron fondos provenientes de TourProdEnter LLC, una firma creada en Florida en 2021 que fue designada como “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA.

Esta nueva revelación se suma a antecedentes previos que ya habían conectado a la región con la conducción de la AFA, como el caso de Juan Pablo Beacon, vinculado a una empresa señalada como propietaria de una vivienda atribuida al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.

Una empresa clave y millones en juego

De acuerdo a la investigación, TourProdEnter LLC recaudó 260 millones de dólares para la AFA en apenas cuatro años. La firma pertenece a Erica Gillette, quien se presenta en redes sociales como dedicada a su familia y es pareja del productor teatral Javier Faroni, señalado como amigo personal de Tapia.

Desde esa empresa, siempre según los registros bancarios analizados, se realizaron transferencias constantes durante los últimos tres años a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) constituidas en Florida. Los montos enviados oscilan entre cinco y seis cifras por operación, y suman en total US$42 millones.

Las empresas que recibieron esos fondos son Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Velp LLC (US$3 millones) y Velpasalt LLC (US$14,7 millones). Ninguna de ellas registra empleados ni actividad económica verificable, un dato que refuerza las sospechas.

Uno de los aspectos más llamativos del informe es el perfil socioeconómico de las personas que figuran como responsables de estas sociedades. Según detalla la investigación, los tres barilochenses trabajan como empleados en relación de dependencia, son beneficiarios de viviendas sociales, registran deudas financieras, ejecuciones fiscales y comerciales, y en uno de los casos una quiebra con presunción de fraude.

Soagu Services LLC aparece vinculada a J.A.O., de 54 años, empleado de una farmacia en Bariloche, con más de 23 millones de pesos en deudas con el sistema financiero argentino y beneficiario de una vivienda del Plan Federal I. Marmasch LLC, creada ocho meses después, figura a nombre de M.M.S., de 54 años, pareja de J.A.O., quien también reside y trabaja en Bariloche y cuenta con antecedentes de ejecuciones judiciales y fiscales.

Ambos declararon como domicilio de sus empresas la misma dirección en Miami, correspondiente a una oficina administrada por una empresa registradora, pese a que viven y trabajan en Bariloche, a escasas cuadras de distancia.

Más sociedades, mismas direcciones

Las otras dos empresas, Velp LLC y Velpasalt LLC, repiten el mismo esquema. En la primera figura V.I.L., de 52 años, mientras que la segunda aparece vinculada a R.S., pareja de V.I.L., quien fue declarado en quiebra en 2019 por un juzgado comercial.

R.S. trabaja como operador turístico para una agencia que presta servicios en Argentina y Chile. Según la investigación, la agencia funciona a pocos metros de los otros involucrados, reforzando la conexión territorial entre todos los nombres que aparecen en la trama.

Para los investigadores, la estructura y el funcionamiento de estas sociedades alimentan la hipótesis de que se trate de empresas “vehículo”, utilizadas para intermediar en un eventual desvío de fondos provenientes de la AFA hacia personas que no figuran públicamente.