Seguridad: Neuquén logró lo que parecía imposible

Durante años, la inseguridad fue una de las cuentas pendientes más visibles del Estado neuquino. Calles con deficiente patrullaje, una policía desmotivada y un sistema de seguridad degradado, caracterizaron a los tiempos de Omar Gutiérrez. La herencia era inocultablemente pesada. Sin embargo, la gestión del gobernador Rolando Figueroa consiguió lo que en principio sonaba utópico: frenar el avance del delito y comenzar a revertir una curva que venía en ascenso.

Claro que la mejora no habilita triunfalismos. Aunque los indicadores muestran una evolución positiva, el propio contexto obliga a la prudencia: queda un largo camino por recorrer y cada nuevo hecho delictivo sigue siendo un drama para las víctimas y sus familias. La diferencia es que hoy la provincia cuenta con una política pública en marcha y no con la resignación como respuesta.

El punto de partida fue desolador. En diciembre de 2023, Figueroa heredó un sistema de seguridad devaluado, luego de que la gestión anterior redujera el área de ministerio a secretaría, con la consiguiente pérdida de peso político y presupuestario. La menor jerarquía institucional se tradujo en menos recursos, menos presencia policial y una sensación de abandono que se hizo visible, sobre todo, en la capital neuquina.

Frente a ese escenario, el nuevo gobierno optó por una decisión tan costosa como necesaria: invertir. Se compraron móviles, chalecos y armamento, se incorporó personal, se fortaleció la capacitación de los efectivos y se avanzó en una depuración interna que expulsó a quienes manchaban el uniforme con conductas delictivas o indisciplinas graves. No fue un cambio cosmético, sino estructural.

Uno de los movimientos más audaces fue asumir desde la provincia la lucha contra el microtráfico de drogas, un terreno que antes quedaba librado casi exclusivamente a la órbita Federal. La ofensiva contra el narcomenudeo multiplicó los allanamientos, permitió desarticular aguantaderos (de hecho, fueron demolidos por las topadoras) y sumó al patrimonio policial vehículos secuestrados a bandas criminales, reforzando el despliegue territorial.

A esa estrategia se sumaron más controles, mejor prevención y una mejora concreta en los tiempos de respuesta y en la calidad de las investigaciones, facilitando el trabajo de la Justicia. La incorporación reciente de tecnología para identificar drogas en el lugar de los operativos y el ingreso de 436 nuevos agentes ratifican que el plan no se agotó en un primer impulso, sino que sigue en expansión.

Los números terminaron de darle respaldo a la política de seguridad. En 2025, los delitos bajaron un 30 por ciento respecto de 2024, con una caída del 33 por ciento en los delitos contra la propiedad y descensos también en los delitos contra las personas, la libertad y los delitos sexuales. No es el final del problema, pero hay una certeza inobjetable: aquello que parecía imposible empezó a ser realidad cuando el Estado volvió a ocupar su lugar.