martes 6 de octubre de 2026

INVESTIGACIÓN

Allanamiento en la Municipalidad de Plottier: fiscalía busca expedientes por presuntas irregularidades en contrataciones

La fiscal Rocío Rivero encabezó un operativo en oficinas de la comuna para secuestrar documentación vinculada a contrataciones recientes. La causa investiga presuntos delitos contra la administración pública.
24/02/2026

El Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó este martes un operativo en distintas oficinas de la Municipalidad de Plottier con el objetivo de secuestrar 89 expedientes administrativos y el manual interno de contrataciones de la comuna, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la gestión pública.

El procedimiento comenzó a las 9 y fue encabezado por la fiscal Rocío Rivero, de la Fiscalía de Delitos Económicos, junto a personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén. La medida fue dispuesta mediante oficio firmado por la propia fiscal, en el contexto de una causa que se inició días atrás.

Según informó oficialmente el MPF, la investigación apunta a los supuestos delitos de defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El objetivo concreto del operativo es el secuestro de 89 expedientes vinculados a contrataciones realizadas por el municipio en los últimos meses, además del manual de contrataciones interno que regula los procedimientos administrativos de la comuna. La documentación será incorporada a la causa para su análisis técnico y jurídico.

Qué se investiga

De acuerdo con la información oficial, la pesquisa se centra en la legalidad y el procedimiento aplicado en determinadas contrataciones administrativas. En este tipo de causas, la Fiscalía analiza si se respetaron los mecanismos previstos en la normativa vigente, como los llamados a licitación, los concursos de precios o las contrataciones directas, según corresponda.

El delito de defraudación agravada contra la administración pública prevé penas más severas cuando el perjuicio recae sobre el Estado. En tanto, la figura de negociaciones incompatibles con la función pública apunta a situaciones en las que un funcionario interviene en contrataciones en las que podría tener un interés personal o indirecto. El abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, por su parte, refieren a decisiones adoptadas en violación de normas o fuera de las competencias legales.

Hasta el momento, el MPF no informó sobre imputaciones ni eventuales medidas de coerción, ya que la causa se encuentra en una etapa preliminar de recolección de prueba. A su vez, indicaron que una vez incorporada la documentación a la causa, se avanzará en el análisis técnico para definir los próximos pasos procesales.