La CGT marchará, pero a los estrados judiciales

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este miércoles en medio de una fuerte expectativa por la inminente votación de la reforma laboral en el Senado. Con la vía parlamentaria prácticamente cerrada, la conducción sindical resolvió que, si la ley es aprobada, recurrirá a la Justicia para intentar frenarla. Además, confirmó que el lunes realizará una marcha, en una señal política que busca mantener la presión sin escalar hacia un nuevo paro general.

La decisión no fue menor. En un escenario donde los números legislativos aparecen encaminados, la cúpula cegetista evaluó que convocar a una huelga en la antesala de la votación tendría escaso impacto sobre el resultado en la Cámara alta y un alto costo político. Por eso descartó, al menos por ahora, la medida de fuerza que reclaman los gremios más combativos.

La estrategia elegida apunta a la judicialización como eje central. La CGT ya trabaja en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en caso de que la norma sea sancionada. El planteo se preparará para ser presentado ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, con el objetivo de cuestionar artículos que —según sostienen— vulneran derechos consagrados en la Constitución.

Los equipos jurídicos sindicales analizan especialmente el alcance del artículo 14 bis, que establece el principio de protección del trabajador, y el criterio de no regresividad de los derechos sociales. También ponen el foco en los cambios vinculados al derecho de huelga, la ampliación del período de prueba, la eventual modificación de esquemas indemnizatorios mediante convenios colectivos y la redefinición de conceptos salariales que podrían alterar el cálculo de las indemnizaciones.

Recorrido judicial complejo

En la conducción admiten que el recorrido judicial será complejo y que difícilmente la norma sea frenada en bloque, incluso si el caso llega a la Corte Suprema. Aun así, consideran que es la única vía con posibilidades de impacto institucional una vez agotada la instancia legislativa.

Mientras tanto, el frente sindical muestra matices. Los gremios alineados en el espacio más duro, nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), optaron por convocar a una movilización al Congreso el viernes, día de la sesión en el Senado, pero sin paro nacional. La decisión expone diferencias tácticas con la CGT, aunque evita una ruptura formal.

En la reunión cegetista se analizará si acompañar formalmente esa convocatoria, mantener una presencia institucional sin involucrarse en la organización o dejar libertad de acción a los sindicatos que deseen sumarse. El objetivo es evitar una nueva exposición de tensiones internas entre el sector dialoguista y el ala dura, y concentrar la estrategia en la judicialización y en el escenario posterior a la eventual sanción de la ley.

En paralelo, algunos dirigentes anticipan que, si la reforma es aprobada, buscarán señalar públicamente a los senadores que la respalden, en especial a aquellos vinculados al peronismo. Entienden que la iniciativa implica un retroceso en derechos laborales y que ese costo deberá tener también consecuencias políticas.

Con el paro descartado y la vía judicial como carta fuerte, la CGT apuesta a una estrategia de presión institucional en un momento clave. La votación en el Senado no solo definirá el destino de la reforma laboral, sino también el tono de la relación entre el Gobierno y el sindicalismo en una etapa de alta tensión política y social.