Cómo avanza el jueves para el Gobierno que busca aprobar leyes clave

Con el respaldo de acuerdos previos y un escenario favorable, el oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado de la Nación con el objetivo central de aprobar la reforma a la Ley de Glaciares y avanzar con la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, dos iniciativas clave para la estrategia económica del Gobierno.

La sesión comenzará a las 11 y también incluirá el tratamiento del pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea. En tanto, para el viernes a la misma hora fue convocada otra sesión con proyectos sensibles: la reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos con media sanción de Diputados.

Acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo Mercosur-UE fue adelantado en la agenda por decisión directa de la Casa Rosada, que busca acelerar los tiempos ante el movimiento del Parlamento uruguayo, que podría ratificar el tratado en las próximas horas. El Gobierno de Javier Milei pretende que Argentina sea el primer país del bloque en dar el visto bueno, con la expectativa de acceder a ventajas comerciales diferenciales.

Los votos estarían garantizados y se prevé que el interbloque peronista vote dividido, como ocurrió en Diputados. El acuerdo, firmado en enero en Asunción, Paraguay, apunta a reducir aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas y a abrir un mercado de más de 700 millones de consumidores, aunque su implementación final dependerá de la revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Reforma a la Ley de Glaciares

En paralelo, el debate por la reforma a la Ley de Glaciares aparece como el punto más sensible de la jornada. El oficialismo confía en su aprobación, aunque la UCR presentó a último momento un proyecto alternativo que limita el poder de las provincias y refuerza el rol técnico del IANIGLA. Las negociaciones continúan para destrabar un consenso que evite el fracaso de la sesión.

La iniciativa del Ejecutivo busca redefinir el alcance de las zonas protegidas, manteniendo la prohibición de actividades económicas sobre glaciares, pero habilitando proyectos en áreas periglaciares que no cumplan una función hídrica comprobable. El cambio es reclamado por gobernadores de provincias cordilleranas que buscan atraer inversiones mineras y energéticas.

Del otro lado, sectores del peronismo, organizaciones ambientalistas y la Iglesia rechazan la reforma y advierten sobre una posible “regresión ambiental”. Denuncian que la modificación pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y anticipan un conflicto político y social que trasciende el recinto del Senado.