La Justicia investiga el robo de energía en barrios privados: cinco lotes bajo la lupa

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén inició una investigación preliminar por el presunto hurto de energía eléctrica en barrios privados de la ciudad, a partir de una denuncia presentada por la cooperativa CALF. El caso quedó radicado en la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, a cargo del fiscal Diego Azcárate, bajo la supervisión del fiscal jefe Mauricio Zabala.

Según la presentación realizada por el apoderado legal de la cooperativa, se detectaron conexiones clandestinas a la red eléctrica, así como intervenciones antirreglamentarias en instalaciones y medidores. Estas maniobras habrían permitido el consumo de energía sin registración ni facturación, configurando un perjuicio económico para la prestataria del servicio.

De acuerdo con los datos aportados por CALF, las irregularidades alcanzan a cinco lotes distribuidos en tres barrios privados: uno en Rincón Club de Campo, uno en La Zagala y tres en La Pelegrina. La detección fue realizada por personal técnico de la cooperativa, que documentó las anomalías mediante actas confeccionadas con presencia policial.

Como primeras medidas, el fiscal del caso dispuso requerir a CALF la remisión de documentación respaldatoria vinculada a las constataciones realizadas. Además, se solicitaron informes a una de las administraciones de los barrios privados para identificar a los titulares de los lotes involucrados, ya que en los otros dos casos esa información ya fue incorporada al expediente.

La investigación

En esta etapa inicial, el MPF descartó avanzar con allanamientos en las viviendas señaladas. Según se indicó, la medida fue considerada innecesaria en función de los elementos ya reunidos por la cooperativa y las actuaciones preliminares realizadas en el lugar. La decisión fue adoptada en coordinación con la fiscalía jefe.

La investigación se encuadra provisoriamente en el delito de apoderamiento ilegítimo de energía eléctrica, una figura que contempla el uso indebido del servicio mediante maniobras destinadas a evitar su medición o pago.

En paralelo, la cooperativa solicitó ser tenida como querellante en la causa, un planteo que fue aceptado por el Ministerio Público Fiscal. Desde CALF sostuvieron en la denuncia que este tipo de prácticas “tienen como finalidad inequívoca eludir el control de consumo y evitar el pago del servicio”, y advirtieron que generan no solo un perjuicio económico directo, sino también riesgos para la seguridad del sistema eléctrico.

La investigación continuará con la recolección de pruebas documentales y la eventual determinación de responsabilidades penales sobre los titulares o usuarios de los inmuebles involucrados.