Justicia sí, viáticos no: la queja de jueces que expuso una interna incómoda

El reclamo por los viáticos terminó por desnudar una discusión incómoda dentro de la Justicia neuquina: mientras un grupo de magistrados penales habló de “falta de acompañamiento” por parte del Tribunal Superior de Justicia, fuentes del TSJ hicieron una aclaración contundente para desarmar esa versión. El máximo órgano judicial sostuvo que sí hubo respaldo institucional pleno al Encuentro de Jueces Penales y que lo único que no se autorizó fue el pago de gastos como hotel, cena y traslados.

La diferencia no es menor. El Tribunal declaró el encuentro de interés institucional, otorgó licencias por capacitación a todos los magistrados participantes y además ordenó la agenda jurisdiccional para que el servicio de justicia no se resintiera durante las jornadas realizadas en Zapala. Es decir, hubo reconocimiento formal, aval administrativo y cobertura operativa. Lo que no hubo fue caja para financiar un esquema de viáticos que algunos ahora intentan presentar como si fuera la única prueba de acompañamiento.

Pero el punto de fondo va mucho más allá de una discusión administrativa. En la Argentina, y de manera muy marcada en Neuquén, hay un cambio de época empujado por la propia sociedad, que ya no está dispuesta a seguir tolerando que el Estado financie gastos que durante años se naturalizaron como parte de ciertos privilegios. La demanda social hoy va en sentido contrario: menos beneficios corporativos, más austeridad y un uso más razonable de los recursos públicos.

Ese clima también encuentra una expresión clara en la gestión del gobernador Rolando Figueroa, que desde el inicio de su mandato impulsó un discurso y una práctica orientados a la eliminación de privilegios dentro del Estado. En ese marco, cada vez resulta más difícil justificar que todos los neuquinos tengan que pagarle la cena, el catering, el hotel o los traslados a jueces para que se reúnan en una actividad que, aun siendo valiosa desde lo institucional, no deja de formar parte de sus responsabilidades dentro del sistema.

En ese punto, la queja de ciertos jueces quedó expuesta como un planteo difícil de defender frente a la opinión pública. Porque una cosa es discutir la importancia del Encuentro de Jueces Penales, que existe desde 2014 tras la reforma del Código Procesal Penal, y otra muy distinta es intentar instalar que no hubo respaldo porque no se cubrieron gastos accesorios. El TSJ no suspendió el encuentro, no lo desconoció y no impidió su realización: simplemente trazó un límite frente a erogaciones que hoy ya no encajan con el humor social ni con el nuevo tiempo político.

La polémica dejó así una imagen incómoda para parte de la magistratura penal. En lugar de quedar asociado a un espacio de debate sobre cómo mejorar la Justicia, el reclamo terminó girando alrededor de los viáticos, el hotel y la cena. Y eso debilita por completo la protesta, porque la conecta con una lógica que la sociedad viene cuestionando con fuerza: la de los sectores que siguen creyendo que el Estado, es decir todos los ciudadanos, debe seguir pagando privilegios que ya no tienen consenso social ni político.