Estafas con Planes sociales en Neuquén: rechazan pedido del MPF para suspender plazos en la causa

El juez de garantías Luis Giorgetti rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para suspender los plazos procesales en la causa por presunta asociación ilícita y estafas con planes sociales en Neuquén. El planteo había sido presentado durante una audiencia de control de la investigación, en el marco de un expediente iniciado en 2022 y declarado como asunto complejo.

El fiscal del caso, Juan Narvaez, con adhesión del representante de la Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, sostuvo que los tiempos previstos para la audiencia de impugnación —fijada para fines de julio— generan un período de inactividad de alrededor de cinco meses. Según indicó, ese lapso, sumado a otros momentos sin actividad jurisdiccional, podría comprometer el cumplimiento del plazo máximo del proceso, previsto para noviembre de 2026.

En ese contexto, la fiscalía solicitó suspender el cómputo de los plazos hasta la intervención del Tribunal de Impugnación. Argumentó que la causa involucra múltiples imputados, pericias contables e informáticas y un volumen significativo de evidencia, lo que excede las previsiones habituales del sistema procesal.

El planteo fue acompañado por la querella institucional, pero rechazado por las defensas, que señalaron que no existe normativa que habilite la suspensión en estas condiciones. Además, consideraron que el pedido es prematuro, ya que no se configuró un vencimiento concreto de los plazos.

Al resolver, Giorgetti afirmó que la solicitud carece de “anclaje legal” y que las normas citadas por la fiscalía no resultan aplicables al caso, ya que refieren a situaciones distintas, como la reposición de plazos vencidos o prórrogas acordadas entre partes. También indicó que no corresponde anticipar un análisis sobre el vencimiento del proceso.

El magistrado advirtió, además, que una eventual suspensión podría afectar derechos de los imputados, en particular de aquellos que cumplen prisión domiciliaria, al implicar una paralización del trámite. En consecuencia, resolvió rechazar el pedido y ordenar la continuidad del proceso en las condiciones actuales.

En esta causa, en diciembre de 2025 un tribunal ya había dictado condenas contra doce personas por maniobras de fraude entre septiembre de 2020 y julio de 2022. Entre los condenados se encuentran los exfuncionarios Abel Di Luca, Tomás Siengentharler y Ricardo Soiza, quienes recibieron penas de cinco años de prisión efectiva, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Otros imputados fueron condenados a penas de entre tres y cuatro años y medio, con distintos regímenes de cumplimiento.