Comenzó el juicio contra los cinco acusados por la explosión en la refinería NAO

Con el alegato de apertura del fiscal jefe Gastón Liotard, comenzó este martes el juicio oral por la explosión en la refinería New American Oil S.A. (NAO), un hecho ocurrido en septiembre de 2022 en Plaza Huincul que dejó tres trabajadores muertos.

El debate se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Alina Macedo Font, y se prevé que se extienda hasta fines de abril. Por el Ministerio Público Fiscal también interviene la fiscal del caso Ana Mathieu, mientras que las querellas representan a las familias de las víctimas.

En el proceso se juzga a cinco imputados —identificados como G.F.M.T.M, S.F.S, G.B, C.N.G y A.E.N— acusados por el delito de estrago doloso agravado por el resultado de muerte. Según la acusación fiscal, la explosión fue consecuencia de una serie de incumplimientos en materia de seguridad industrial y control de riesgos dentro de la planta.

El Ministerio Público Fiscal prevé presentar más de 40 testimonios, además de prueba documental y pericial, con el objetivo de acreditar las responsabilidades penales en torno a la tragedia. La estrategia apunta a reconstruir las condiciones operativas previas al hecho y determinar el grado de conocimiento y previsibilidad de los riesgos por parte de los acusados.

La teoría del caso

El hecho investigado ocurrió el 22 de septiembre de 2022, cerca de las 4:10, en la planta ubicada en el Parque Industrial de Plaza Huincul. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, una emisión de vapores inflamables desde el sector de procesos —en particular del Tanque 205— generó una deflagración que derivó en una explosión. Como consecuencia, murieron los trabajadores Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, quienes quedaron atrapados en una bola de fuego mientras intentaban dirigirse a la sala de bombas.

En paralelo, la causa ya tuvo una resolución parcial respecto del exgerente general R.G.A., quien accedió a una suspensión de juicio a prueba. La medida fue concedida por un Tribunal de Impugnación y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal y de las querellas.

Las condiciones de esa salida alternativa incluyen tareas comunitarias durante un año y seis meses, controles periódicos, una donación económica como reparación social destinada a los cuarteles de bomberos que intervinieron en el operativo y la prohibición de contacto con los familiares de las víctimas.

El juicio que comenzó este martes se centrará en establecer si los imputados tuvieron responsabilidad penal en una de las tragedias industriales más relevantes de los últimos años en la región, en un contexto de expansión de la actividad hidrocarburífera en la cuenca neuquina.