Caso Adorni: un testigo declaró que el jefe de Gabinete le debe USD 65.000 por refacciones no documentadas

El hijo de una de las jubiladas que figuran como acreedoras del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró ante la Justicia que el funcionario mantiene una deuda adicional de 65.000 dólares que no estaría documentada. El testimonio fue brindado por Pablo Martín Feijoo ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales de Comodoro Py.

Según fuentes judiciales, Feijoo sostuvo bajo juramento que asumió el costo total de las refacciones realizadas en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, adquirido posteriormente por Adorni. De acuerdo a su declaración, ese monto —equivalente a USD 65.000— habría sido acordado para ser reintegrado “por afuera” de la operación principal, una vez que el funcionario concretara la venta de otra propiedad.

La causa, que también se encuentra bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y su correspondencia con los ingresos declarados. En ese contexto, el expediente reconstruye la operación inmobiliaria que derivó en la compra del inmueble de la calle Miró al 500.

De acuerdo con esa reconstrucción, el departamento había sido adquirido previamente por las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas por un total de USD 200.000. Feijoo, hijo de una de ellas, intervino en la operación como gestor y posteriormente negoció la venta al funcionario por un valor de USD 230.000, con un esquema de financiamiento sin intereses a un año.

El testigo explicó que la propiedad había sido objeto de una remodelación integral previa a la venta, lo que elevaba su valor de mercado. Sin embargo, sostuvo que aceptó cerrar la operación por debajo del precio estimado en función de su interés en concretar negocios con “gente importante”.

Cómo sigue la causa

El expediente también incorpora el análisis de gastos personales y movimientos financieros del funcionario y su entorno familiar. En ese marco, el fiscal Pollicita solicitó informes a entidades bancarias, billeteras virtuales y plataformas de pago, además de requerir información sobre operaciones cambiarias al Banco Central.

Como parte de las medidas de prueba, se pidió documentación a aerolíneas y agencias de turismo para reconstruir viajes realizados en los últimos años, así como datos sobre cajas de seguridad y activos financieros. La investigación abarca el período comprendido entre enero de 2022 y la actualidad.

Durante la jornada también prestó declaración el encargado del edificio donde se ubica el departamento en Caballito, quien indicó haber observado el ingreso de muebles y electrodomésticos tras la mudanza, sin aportar otros detalles relevantes para la causa.

La fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar si el nivel de gastos y el patrimonio del jefe de Gabinete resultan consistentes con sus ingresos formales declarados.