Privatizan Transener por US$356 millones y el Estado se retira de la mayor red eléctrica del país

El Gobierno nacional oficializó la privatización de Transener tras concretar la venta de su participación accionaria por US$356 millones, en el marco del proceso de desinversión de ENARSA. La operación representa un paso clave en la reconfiguración del sector energético y en la retirada del Estado de activos estratégicos.

La adjudicación quedó en manos del consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, que presentó la oferta más alta del proceso licitatorio. El monto superó ampliamente el precio base establecido en US$206 millones y también las propuestas de Central Puerto y Edenor.

La medida fue oficializada mediante la resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y se enmarca en la Ley 27.742 y el decreto 286/2025, que habilitan la venta de activos estatales en el sector energético.

La operación implicó la transferencia de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, la sociedad controlante de Transener. A través de esa participación, el Estado tenía injerencia indirecta sobre el 52,65% del capital accionario de la principal transportadora de electricidad en alta tensión del país.

Con esta transacción, el Estado argentino deja de participar de manera directa en la estructura accionaria de Transener, consolidando un esquema de control totalmente privado. El nuevo consorcio se suma así como co-controlante junto a Pampa Energía, uno de los principales jugadores del sector.

El proceso licitatorio se desarrolló bajo un esquema nacional e internacional, con publicaciones en plataformas oficiales y del Banco Mundial. Según detallaron desde el Gobierno, las ofertas recibidas fueron consideradas competitivas y acordes a la valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Transener opera una infraestructura crítica del sistema eléctrico argentino, con más de 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión, a lo que se suma la red de Transba, su controlada en la provincia de Buenos Aires. Además, cuenta con participación en activos internacionales.

Desde el Ejecutivo señalaron que la privatización busca garantizar la continuidad del servicio y de las obras en ejecución, en un contexto donde la inversión privada pasa a ocupar un rol central en la expansión del sistema eléctrico.

La venta se inscribe en una estrategia más amplia de reorganización del sector energético, donde el Gobierno apunta a reducir la presencia estatal y fomentar la participación del capital privado en toda la cadena de valor.

El cierre de la operación deberá concretarse en un plazo de 15 días hábiles con la firma del contrato de compraventa, lo que marcará formalmente el traspaso accionario y el inicio de una nueva etapa en el control de la principal red de transporte eléctrico del país.