La Corte Suprema rechazó un amparo ambiental y refuerza la seguridad jurídica en Vaca Muerta

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un amparo ambiental presentado contra operadoras de Vaca Muerta, en una decisión que fue interpretada por el sector energético como un respaldo a la seguridad jurídica y a las inversiones de largo plazo.

El tribunal desestimó la demanda impulsada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA), que reclamaba la recomposición de presuntos daños ambientales y la creación de un fondo de restauración. Sin embargo, la Corte concluyó que la ONG no logró acreditar con evidencia técnica suficiente la existencia de contaminación o degradación ambiental.

En su resolución, los jueces señalaron que la demanda carecía de precisión sobre los supuestos daños, al no identificar con claridad qué suelos o cursos de agua habrían sido afectados ni la magnitud del impacto ambiental. También cuestionaron la estrategia de vincular de manera general la actividad hidrocarburífera con un daño ambiental sin pruebas concretas.

El fallo también puso el foco en la necesidad de garantizar el derecho a defensa de las empresas. En ese sentido, advirtió que no es admisible someter a compañías a procesos judiciales sin una imputación clara de responsabilidad, lo que generaría incertidumbre jurídica.

Otro punto central de la decisión fue el respaldo al federalismo en materia de control ambiental. La Corte remarcó que la fiscalización de la actividad hidrocarburífera corresponde a las provincias, reafirmando el rol de los gobiernos locales en la regulación de los recursos naturales.

Desde el ámbito empresarial, la resolución fue celebrada como una señal clave para sostener y atraer inversiones, especialmente en un contexto donde proyectos energéticos de gran escala requieren reglas claras y estabilidad normativa.

Las compañías destacaron que el fallo fortalece la previsibilidad institucional y permite avanzar no solo con los desarrollos en marcha, sino también con la llegada de nuevos actores al sector.

En ese marco, la decisión del máximo tribunal se inscribe en un escenario donde el Gobierno nacional impulsa al sector energético como uno de los principales motores de generación de divisas, empleo y crecimiento económico.

Para el mercado, el mensaje es claro: la estabilidad jurídica y el respeto a las reglas de juego aparecen como condiciones esenciales para consolidar el desarrollo de Vaca Muerta y atraer capitales a largo plazo.