El Gobierno busca acordar con las universidades para frenar un posible revés en la Corte Suprema

Con el objetivo de destrabar el conflicto presupuestario y evitar un impacto económico millonario, la Casa Rosada planea convocar esta semana a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La estrategia oficial consiste en ofrecer el desembolso de los fondos reclamados a cambio de que las casas de estudio retiren la medida cautelar que hoy está en manos de la Corte Suprema.

El apuro del Ejecutivo, liderado en esta negociación por el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petrovello, responde al costo financiero que tendría un fallo adverso: según estimaciones oficiales, el Estado debería desembolsar cerca de 2,5 billones de pesos.

El acuerdo en discusión abarcaría la recomposición salarial docente, becas y presupuesto para hospitales universitarios.

 Aunque desde el CIN aseguran que aún no hay una propuesta formal sobre la mesa, el Gobierno confía en que hay voluntad de diálogo.

Mientras tanto, los docentes universitarios continúan con medidas de protesta para visibilizar la situación presupuestaria. En los últimos días se realizaron clases públicas y jornadas de protesta en distintos puntos del país, mientras que los gremios advirtieron que podrían profundizar las acciones durante el segundo cuatrimestre si no hay avances concretos en las negociaciones.

Algunos números

El presupuesto que asignó el gobierno de Javier Milei a las universidades para todo 2026 es de 4.8 billones de pesos, cuando las universidades aseguran que precisan 7.3 billones para un normal funcionamiento. En ese ajuste también entra la subejecución presupuestaria, por ejemplo en los hospitales universitarios. Los mismos son claves no solo para la formación de profesionales, sino para miles de personas que acceden a la salud a través de ellos. A la fecha, el Gobierno les adeuda 80 mil millones de pesos del presupuesto 2026.