Crisis en Bolivia: el Gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a intervenir en rutas

Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años. En medio de bloqueos, desabastecimiento y fuertes enfrentamientos con sectores vinculados al expresidente Evo Morales, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley de excepción que habilita al presidente Rodrigo Paz Pereira a desplegar a las Fuerzas Armadas en distintos puntos del país.

La medida busca garantizar el libre tránsito, asegurar el abastecimiento de alimentos y recuperar el control sobre las rutas estratégicas que permanecen bloqueadas desde hace casi un mes.

El foco principal del conflicto se concentra en el Chapare, bastión histórico del sindicalismo cocalero alineado con Morales.

Despliegue militar y cambios en las reglas de intervención

La nueva legislación otorga al Poder Ejecutivo un marco jurídico extraordinario para ordenar operaciones militares destinadas a despejar rutas troncales y corredores logísticos considerados estratégicos.

Según el texto aprobado, las intervenciones estarán enfocadas especialmente en los caminos que conectan Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, zonas consideradas de “alta vulnerabilidad logística”.

Además, la normativa establece protocolos específicos de actuación y redefine responsabilidades penales para los mandos militares.

El objetivo oficial es evitar la reticencia de sectores de las Fuerzas Armadas a intervenir, teniendo en cuenta los antecedentes judiciales derivados de la crisis política de 2019.

Pese al endurecimiento de la postura oficial, el gobierno boliviano aseguró que mantiene abiertos canales de diálogo con sectores intermedios que no responden directamente al ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS).

Sin embargo, el Ejecutivo ratificó que las reformas fiscales y la reestructuración de subsidios a los hidrocarburos no serán negociadas bajo presión de los bloqueos.

El Chapare, epicentro del conflicto

La tensión se profundizó especialmente en el trópico de Cochabamba, donde organizaciones cocaleras incrementaron barricadas y bloqueos por temor a una eventual detención de Evo Morales.

El expresidente enfrenta causas judiciales vinculadas a presunto abuso de menores y trata de personas.

En distintos accesos al Chapare se instalaron puestos de vigilancia con troncos, piedras y escombros para impedir el ingreso de fuerzas policiales.

La situación se agravó todavía más luego de registrarse cortes de energía eléctrica y fallas en telecomunicaciones en varias localidades de la región.

Desde el sindicalismo cocalero denunciaron que el apagón sería parte de una maniobra del Gobierno para facilitar operativos de seguridad.

En respuesta, miles de productores de hoja de coca se concentraron en rutas y puentes estratégicos bajo un estado de vigilia permanente.

El impacto económico y el desabastecimiento

La continuidad de los bloqueos ya genera consecuencias económicas severas en Bolivia y en toda la región.

Según reportes del sector logístico privado, las pérdidas acumuladas para el transporte de carga superan los 200 millones de dólares.

La interrupción de rutas afecta especialmente los corredores bioceánicos utilizados para exportaciones hacia puertos del Pacífico y del Atlántico.

En La Paz, el abastecimiento de alimentos frescos comenzó a depender de puentes aéreos limitados coordinados por aeronaves militares.

Las autoridades admiten que esos operativos resultan insuficientes para cubrir la demanda de la población.

Frente a este escenario, Rodrigo Paz Pereira endureció públicamente el discurso oficial.

“La tolerancia del Estado frente a la destrucción del aparato productivo llegó a su límite”, afirmó el presidente boliviano en un mensaje difundido a nivel nacional.

Expulsión de una ciudadana argentina

En paralelo al conflicto interno, el gobierno boliviano anunció la detención y expulsión de una exlegisladora argentina acusada de participar en actividades políticas vinculadas a las protestas.

La identidad de la mujer no fue revelada oficialmente y solo trascendieron sus iniciales.

Según explicó el Ministerio de Gobierno de Bolivia, la ciudadana había ingresado al país bajo un permiso de residencia transitoria que no habilitaba participación política.

Las autoridades aseguraron que fue detectada brindando apoyo logístico y discursivo a grupos movilizados en Cochabamba.

El gobierno boliviano sostuvo además que no tolerará “acciones de injerencia ideológica externa” destinadas a fomentar la conflictividad interna.

La situación sumó un nuevo elemento de tensión diplomática entre Bolivia y Argentina.

Sin embargo, desde Cancillería argentina evitaron escalar el conflicto y señalaron que respetan la soberanía boliviana en materia migratoria y de seguridad interior.

Consecuencias regionales

Aunque Argentina dejó de importar gas boliviano tras la reversión de su infraestructura energética en el norte del país, el conflicto ya genera impacto sobre la logística regional.

Los bloqueos paralizaron corredores utilizados por transportistas de Chile, Perú, Brasil y Paraguay.

Empresas de transporte denunciaron que cientos de camiones quedaron retenidos en rutas bolivianas sin garantías mínimas de seguridad.

A raíz de esta situación, las cancillerías de Chile y Perú recomendaron suspender temporalmente envíos terrestres de mercadería que atraviesen Bolivia.

Las autoridades de ambos países advirtieron además sobre la falta de condiciones de seguridad para choferes y cargas en las zonas afectadas por el conflicto.

Fuete: El Archivo.